Un grupo de sobrevivientes y familiares de víctimas del genocidio contra indígenas denunciaron que 14 fiscales de la unidad de derechos humanos del Ministerio Público fueron removidos en la recta final del juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, acusado de delitos de lesa humanidad.
“En estas semanas han removido y trasladaron a 14 fiscales de la unidad de víctimas del conflicto armado interno, como parte de los intentos por detener el proceso de genocidio cuando estamos apunto de llegar a una sentencia histórica”, dijo en rueda de prensa, Victoria Aguilar, representante de sobrevivientes del genocidio indígena.
El fiscal Erick de León, quien era el encargado de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996), fue separado de su cargo el pasado 4 de noviembre, explicó Aguilar.
Las acciones contra los fiscales ocurrieron en medio de la fase final del juicio contra Benedicto Lucas García acusado de la masacre de decenas de indígenas del pueblo maya Ixil en Quiché, en 1981, cuando fungía como Jefe del Estado Mayor en el gobierno de su hermano Jorge Lucas García.
La Fiscalía solicitó la semana pasada ante el Tribunal de Mayor Riesgo “A” una condena de 2 mil 870 años por la desaparición forzada y masacre de al menos 70 indígenas en contra del general de 92 años.
La defensa de Lucas García presentó esta semana un recurso para separar al juez Gervi Sical del proceso y detener el juicio en su etapa final.
“En las últimas semanas se ha evidenciado la intención de los abogados defensores de retardar o detener el avance del juicio luego de más de 95 audiencias y a las puertas de una sentencia”, advirtió a EFE el abogado de las víctimas, Mario Trejo.
Lucas García, de 92 años, está acusado de haber diseñado la estrategia de contrainsurgencia que el ejército de Guatemala aplicó contra la región maya ixil, ubicada en Quiché, al norte del país, y de determinar como “el enemigo interno” a toda la población indígena de la zona que fue arrasada.
Durante más de 90 audiencias, desfilaron más de 50 testigos y decenas de expertos que narraron las acciones del ejército en distintas comunidades del norte de Guatemala, donde señalan a los soldados de haber realizado masacres, violaciones sexuales sistemáticas contra mujeres y niñas, así como la desaparición forzada de decenas de personas.
El conflicto armado interno d que duró 36 años entre 1960 y 1996, causó más de 250 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, hasta la firma de la paz en 1996.
La audiencia que estaba programada para este jueves fue suspendida debido a que una de las juezas del tribunal se reportó enferma y aún no existe fecha para reanudar la fase final del juicio.
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