Juan Everardo Chuc Xum
El 29 de diciembre se cumplen 27 años en que se firmara la Paz Firme y Duradera entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con el fin de terminar con el conflicto armado interno que nos dejara muerte y dolor.
Las causas que originaron dicho conflicto, varias de ellas cimentadas desde la Colonia y acuñada en la época Independiente, Reforma Liberal, Reforma Democrática e incluso en la Constitución Política de la República de 1985, que mantiene visiones y misiones de un Estado excluyente y paternalista.
Con la firma de la paz se posibilitó una vida más democrática y de desarrollo integral para los guatemaltecos en general, pero como nada es perfecto, pero sí perfectible, es el momento imprescindible y urgente de retomar lo pendiente en materia de derechos humanos y en aspectos socioeconómicos, agrarios y relativos a los pueblos indígenas, entre otros, como compromisos de Estado con los acuerdos de paz.
Con la firma de la paz se posibilitó una vida más democrática y de desarrollo integral para los guatemaltecos en general.
Solamente se requiere voluntad política de las autoridades correspondientes para viabilizar los pendientes de dichos acuerdos; esto me recuerda lo que dice el Dr. Daniel Matul: “En la legislación de Participación Ciudadana los Pueblos Indígenas intervenimos en su discusión, elaboración y cabildeo en el Congreso de la República, hasta su aprobación, a propósito de las comisiones paritarias entre los diversos gobiernos de ese entonces y representaciones de los pueblos maya, xinka y garífuna”.
Otro elemento significativo y orientador es la “Agenda Política de la Paz 2017-2026 compromisos por cumplir”, impulsado por la Secretaría de la Paz de la Presidencia, con el objetivo de contar con un instrumento que oriente y facilite a la institucionalidad pública del Estado, la implementación y el cumplimiento de los compromisos pendientes de la firma de los Acuerdos de Paz; es una agenda integral, contextualizada y programada de compromisos por cumplir, en un espíritu de conciliación nacional. En particular, la que se refiere al acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas.
