Luego de las críticas y el rechazo por parte de sectores sociales y políticos, la Contraloría General de Cuentas (CGC) decidió dejar sin efecto la Resolución A-068-2024, que establecía la reserva de una serie de información en poder de la entidad que data de hace siete años.
La decisión de revertir la medida la tomó la CGC, en medio de cuestionamientos y la amenaza de diputados de tomar acciones legales.
En un comunicado, la entidad reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y destacó la importancia de fortalecer los mecanismos que permitan el acceso a documentos públicos.
Silvio Gramajo, investigador de Información Pública, comentó que “la decisión que se había tomado pudo perjudicar al próximo contralor y su administración, así como ser catalogada como incumplimiento de deberes, ya que ellos están para resguardar la institucionalidad, no su mandato”.
Luego de un análisis, el experto señaló que “había una contradicción en la decisión, porque confundieron la reserva de confidencialidad con la de información pública. Hicieron mal la clasificación y la forma de tratamiento de cada una”.
Horas antes de la reversión mencionada, el parlamentario José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), había anunciado que accionaría para una revisión del asunto ante la Contraloría.
Chic expresó su esperanza de que la entidad pesquisidora de cuentas reconsiderara la medida, calificándola de grave para la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.
Asimismo, el comisionado Anticorrupción, Santiago Palomo, se pronunció el pasado miércoles, y describió la decisión de la CGC como alarmante y adelantó que presentaría las acciones legales correspondientes como ciudadano.
