Combatir la pobreza y malnutrición en áreas donde no había tenido presencia el Estado, es uno de los objetivos del Gobierno, por medio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Abelardo Pinto, titular de la citada cartera, detalla los programas enfocados a los más necesitados, varios de los cuales serán modificados a fin de optinmizarlos y transparentarlos.
A partir de julio se otorgará un subsidio a las familias en situación de vulnerabilidad. ¿En qué consiste?
Es parte de una serie de medidas que hemos discutido en el Gabinete de Gobierno, a solicitud del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, debido al alza en los precios de algunos productos de la canasta básica.
“La lucha contra la pobreza y la malnutrición es una prioridad nacional”.
¿Podría detallar estas medidas?
Se trata de dos bonos: uno para el área urbana y otro para el rural. En el primero proponemos duplicar el número de beneficiarios del programa Bolsa Social, de 25 mil, actualmente, a 50 mil. Con el segundo, llegar a quienes no tienen energía eléctrica con un bono único de 1 mil quetzales, para que compren productos básicos.
¿Qué criterios se usan para que una familia se beneficie?
En lo urbano, el programa prioriza a las familias en pobreza y pobreza extrema, a jefas de hogar, con niños menores de 5 años. Queremos incluirlas pronto para que estas medidas sean efectivas.
¿Ya identificaron a los 25 mil hogares adicionales?
Tenemos mapas e indicadores que nos permiten reconocer los sitios de mayor vulnerabilidad en los 17 municipios (del departamento de Guatemala). Buscamos mecanismos ágiles para enrolar a las personas.
El 1 de julio es el punto de partida, pero será un proceso gradual. Queremos hacerlo lo más pronto posible para no perder el impacto. Esperamos que entre julio y agosto la mayoría de las
personas ya reciban el beneficio.
¿Cuál será la fuente de financiamiento de los 150 millones de quetzales para estos bonos?
No está relacionado con la ampliación presupuestaria. Son recursos que los ministerios de Finanzas y de Economía han gestionado. La primera cartera nos proporcionará la disponibilidad.
¿Cómo se entregarán los aportes?
La transferencia en el área rural será directa. Estamos evaluando los mecanismos para implementarla. Puede ser por medio del móvil, pero dado que estamos llegando a un segmento sin energía eléctrica, también enfrentaremos casos sin teléfonos. Estamos negociando con la entidad bancaria para implementar esta medida de la manera más efectiva posible y esperamos tenerla a fin de mes.
¿Las familias que recibirán el aporte están incluidas en el Registro Social de Hogares?
No precisamente. Vamos a hacer el levantamiento, contamos con bases de datos institucionales para focalizar y llevar un proceso de verificación.
¿Cómo se van a manejar esos fondos para que la ciudadanía sepa que realmente llegaron a las personas necesitadas?
Antes, todo se manejaba en papel y dependía de decisiones discrecionales, a pesar de los mecanismos técnicos. Con el Registro Social de Hogares, esperamos transparentar el proceso.
Este registro busca tener un portal y estamos trabajando en el Registro Único de Beneficiarios, que permitirá conocer en tiempo real los programas que una persona recibe. Ambas iniciativas deben converger.
Actualmente, tenemos una base amplia del Registro de Información Social y estamos comprometidos a cubrir los 114 municipios priorizados con mayores índices de pobreza y pobreza extrema. Es un proceso gradual y progresivo. Pedimos a la ciudadanía que nos acompañe en este cambio.
Hay otra iniciativa importante y es la estrategia de Gobierno Mano a Mano…
Es una de las iniciativas emblemáticas que esperamos que este Gobierno deje como legado, especialmente en la lucha contra la pobreza y la malnutrición.
En un medio de comunicación me preguntaron si atendíamos lo urgente o lo importante, y yo respondí que debemos priorizar ambos.
No podemos dejar de observar asuntos, como los bonos que mencionamos anteriormente, pero tampoco podemos dejar de lado lo realmente importante, que es atacar las causas estructurales de la malnutrición: la pobreza y la pobreza extrema.
¿Cuáles son las dimensiones de esta iniciativa?
Tiene nueve dimensiones, entre ellas vivienda, que incluye cambios estructurales en el hogar, como suplir pisos de tierra por cemento, dotar de ecofiltros y estufas mejoradas. En casos necesarios, se incluye la letrina inicial. También tenemos protección social, que abarca las transferencias monetarias condicionadas y el programa del adulto mayor.
¿Qué otros aspectos cubre?
En educación, tenemos programas como Acompáñame a Crecer, que es de estimulación temprana para niños de 0 a 4 años. En salud, nos enfocamos en la atención primaria. Trabajamos en caminos rurales junto con el Ministerio de la Defensa y las alcaldías municipales.
Además, hay un componente económico en colaboración con la cartera de Economía para impulsar el desarrollo económico de la mujer. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional apoya en la coordinación y facilitación a nivel territorial.
¿Cómo han avanzado desde el lanzamiento de la iniciativa?
Fue lanzada el 30 de abril y comenzamos el 2 de mayo. Estamos concluyendo la primera comunidad en San Gaspar Ixil, Huehuetenango, donde hemos cambiado alrededor de 50 pisos de tierra por cemento, y dotado de la misma cantidad de ecofiltros y estufas mejoradas.
¿Qué impacto ha tenido la presencia del Estado en estas comunidades?
Es realmente impresionante ver cómo en otras administraciones la presencia del Estado ha sido prácticamente nula en estas áreas. Devolver la presencia del Estado a estas comunidades es una de las grandes satisfacciones que hemos tenido hasta ahora. Vamos a continuar con otras poblaciones.
Alrededor de 15 instituciones gubernamentales participan en la implementación de las acciones…
Es un proyecto intersectorial en el que participan muchas instituciones gubernamentales y el sector privado. Estamos coordinando para evitar duplicaciones y asegurar que las ayudas lleguen
a todas las familias necesitadas.
¿Mano a Mano dependerá del reajuste presupuestario para alcanzar a más personas?
Correcto. Actualmente, estamos trabajando con un presupuesto reordenado que no era originalmente para esta iniciativa, por lo que cubrir a las 20 mil familias identificadas es un reto. Si se aprueba la ampliación, podremos avanzar más rápido y abarcar hasta 165 mil hogares.
¿Y si no se aprueba?
Estamos trabajando con un presupuesto ajustado a nuestros objetivos y metas, lo que significa que el ritmo de trabajo será más lento. Sin embargo, confiamos en que contaremos con el apoyo del Congreso para acelerar este proceso, ya que la lucha contra la pobreza y la malnutrición es una prioridad nacional.
Otro de los programas de apoyo a la malnutrición son los comedores sociales. ¿Cómo están funcionando y qué medidas se han tomado para mejorar su transparencia?
Estamos trabajando para diversificar los proveedores y territorializar los servicios. No obstante, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado nos limita, y necesitamos una actualización de esta para agilizar los procesos y evitar monopolios en la proveeduría. Insto a los diputados para que se haga una revisión y actualización de esta.
¿Qué retos han enfrentado con los comedores sociales y cómo los están abordando?
Hemos encontrado que el número de raciones estaba sobredimensionado, lo que nos llevó a ajustar las cifras para que el presupuesto cubra el mayor tiempo posible. Además, estamos implementando mecanismos de control para asegurar la eficiencia y transparencia.
Sin embargo, cambiar toda una estructura en seis meses es complicado, y seguimos trabajando en mejorar los procesos.
¿Los comedores también dependerán de la ampliación presupuestaria?
Vamos a utilizar la ampliación para fortalecer los nueve programas que tenemos, entre ellos Transferencias Monetarias Condicionadas, Becas, Bono de Nutrición, Vida, Comedores y Jóvenes Protagonistas.
La idea es fortalecerlos y continuar con el análisis del impacto que estos programas tienen, si el número de favorecidos realmente contribuye a un cambio significativo en la población atendida.
¿Han pensado en recotar el número de beneficiarios?
Si no logramos tener esa medición de impacto, debemos repensar y acortar el número de programas o pensar en otros mecanismos que permitan un mayor impacto en la población e ir atendiendo a diferentes segmentos gradualmente.
¿Cómo quitar al Gobierno el estigma de que los programas sociales son clientelares?
Es un estigma que nos toca cargar. Hay que aceptar que hay un retraso en que estos lleguen a la población más necesitada. Por ejemplo, en el tema de transferencias monetarias condicionadas nos encontramos con que para que una persona pueda ser incluida en ese programa tiene que cumplir 189 pasos, todos en papel, con un tiempo estimado entre un año y año y medio para ser beneficiario.
¿Es posible cambiar la dinámica?
Precisamente, la implementación de la ficha de condiciones socioeconómicas del Registro Social de Hogares nos reduce esa parte de elegibilidad de inclusión a los programas. Algo importante es que como guatemaltecos nos autodiagnosticamos y sentimos ciertas vulnerabilidades, pero a veces no aceptamos que nuestro vecino tiene más grandes necesidades.
En un país con recursos limitados, nos toca hacer la priorización con estadísticas y estamos atentos a la presentación de la ENCOI, que esperamos nos arroje datos sobre los mapas de pobreza y pobreza extrema.
