Debido a las inclemencias del tiempo que afectan el territorio nacional, el Ejecutivo instó a los organismos del Estado a detener los desalojos programados y proteger la integridad de los ciudadanos que pudieran ser perjudicados por estas medidas.
La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) recordó que existen tratados internacionales vinculantes a Guatemala que disponen que, ante alteraciones en el clima, las expulsiones deben ser aplazadas para no generar más vulnerabilidades, en particular en la niñez, adolescencia, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Oswaldo Samayoa, director ejecutivo de Copadeh, expresó que se debe tomar en cuenta la Observación General Número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la cual establece una serie de garantías mínimas ante la citada situación.
“Instamos, respetando la división de poderes, a los demás organismos del Estado a que contribuyamos a cumplir con estas garantías y los derechos de las personas”, puntualizó Samayoa.
Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), reveló que este año van 15 desalojos y están programados dos más. Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Escuintla e Izabal son los departamentos más afectados.
Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), afirmó que la petición de Copadeh es oportuna, debido a la necesidad de las familias, cuyos ingresos son precarios y necesitan vivienda, por lo cual permanecen en lugares reclamados por otros.
Es necesario tener claro que es un aplazamiento y no una cancelación, y existen resoluciones judiciales firmes que deben atender las autoridades en su momento, afirmó Linares.
