Implementar de manera progresiva y gradual 150 líneas de acción durante los próximos 10 años, con el propósito de ofrecer atención, protección adecuada y respeto de los derechos humanos de los migrantes y retornados es la tarea que asumieron 41 instituciones estatales.
El trabajo mencionado se incluye en la Política Migratoria presentada ayer en una actividad en la que participó la vicepresidenta Karin Herrera, la cual está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2032, y será coordinada por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
Los cuatro ejes temáticos son: integración y reintegración sostenible, migración y desarrollo sostenible, derechos humanos, asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y servicios migratorios, consulares y gestión integral de fronteras.
Stephanie Daviot, representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Guatemala, destacó la importancia histórica de este documento, que servirá como una guía para la gobernanza del éxodo en el país.
Stuard Rodríguez, director del IGM, informó que, a partir de mañana, se comenzará a convocar a las entidades participantes para definir la temática que debe ser implementada.
La vicemandataria Herrera resaltó la importancia de centrar las directrices en la protección de la niñez, adolescencia y familias. Además, acentuó la necesidad de avanzar en áreas cruciales de desarrollo social como el fomento del empleo digno, la prevención de la violencia y lucha contra la trata de personas.
