La violencia sexual es uno de los delitos más deleznables que afectan, especialmente, a mujeres y niños en Guatemala. Solo el año pasado, fueron presentadas 10 mil 159 denuncias por este acto ilícito, en las que 13 mil 071 personas eran las agraviadas.
Esta situación es una de las barreras que impiden avanzar hacia el desarrollo y atentan contra los derechos humanos, de acuerdo con autoridades y defensores de las garantías fundamentales de la población.
Ante ese escenario, 16 instituciones del Gobierno asumieron ayer la responsabilidad para combatir la violencia sexual, explotación y trata de personas. Ello incluye gestionar actividades de prevención, protección y sensibilización, a fin de minimizar el flagelo.
Los encargados de estas instancias, mediante la firma de una carta, asumieron la tarea de colaborar en la reducción de las causas de vulnerabilidad y generar políticas, programas y fomentar la colaboración interinstitucional para abordar integralmente estos crímenes, que afectan a la
población guatemalteca.
La directora en funciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Jennifer Graetz, indicó que lamentablemente ese fenómeno aún representa obs-
táculos significativos para el desarrollo y los derechos humanos.
“Estos fenómenos se presentan en todo el mundo y afectan el tejido social de una nación. Se estima que alrededor del planeta existen más de 20 millones de víctimas de trata de personas”, afirmó.
La coordinación y apoyo para implementar estrategias estará liderada por la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet). La titular de esta entidad, Danissa Ramírez, afirmó que con la rúbrica del documento se espera contribuir a mejorar la situación de las connacionales, la niñez y adolescencia vulnerables al citado delito, al originar un ambiente ético entre los servidores públicos. A ello se añade la suma de esfuerzos del Gobierno por luchar contra el flagelo en la región.
A la adhesión de la carta de compromiso también se sumó la vicepresidenta Karin Herrera, quien definió el acto como un punto de diferencia marcado en la historia de este país.
