Costa Rica y El Salvador ya se rigen con una ley de competencia y, en ambos, los resultados se reflejan en mayor número de proveedores de muchos de los productos que anteriormente eran monopolizados.
Funcionarios de El Salvador y Costa Rica explicaron que hoy la competencia es más abierta y los servicios también son mejores.
Se tiene más eficiencia en las cadenas de distribución y el beneficiario final es el consumidor, coincidieron Gerardo Henríquez, titular de la Superintendencia de El Salvador y Guillermo Rojas, presidente de la Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica.
Los dos participaron ayer en el foro Ley de Competencia en Acción, organizado por el Ministerio de Economía de Guatemala. “Hoy tenemos precios muy competitivos porque no hay un solo proveedor de ciertos artículos”, afirmó Rojas.
En el vecino país la normativa se aprobó en 2004, pero durante los dos años siguientes se hicieron campañas para su divulgación. En ese período se destacaron sus bondades y permitió a las empresas ajustar sistemas acordes al reglamento.
A partir de 2006 cobró vigencia total y no ha habido problemas, más que beneficios, agregó el funcionario. Los mayores cambios, gracias a esta ley, se reflejan en insumos alimenticios, medicamentos, servicios de telefonía y en combustibles, destacó.
De ahí la diferencia de precios de medicamentos con Guatemala, que no tiene una normativa
similar.
Un sondeo rápido de una medicina prescrita a personas que padecen hipertensión comprueba esas diferencias. Se trata de Valsartán de la marca Codiován 320/25. En El Salvador una caja de 14 comprimidos cuesta 17 dólares (Farmacias San Nicolás), equivalente a unos 132 quetzales.
Ese mismo medicamento, en igual presentación, en Farmacias Batres de Guatemala tiene un valor de 332 quetzales con 85 centavos (42 dólares, aproximadamente).
El delegado de Costa Rica, que dirige la Comisión para Promover la Competencia, señaló que la ley es indispensable, pues de lo contrario, los grandes empresarios “se comen a los pequeños”. En su país la normativa permitió eliminar los cárteles y acuerdos que los empresarios hacían internamente para
fijar precios, afirmó.
“En Guatemala ha habido mucha resistencia desde hace 20 años, pero ahora hay más interés en aprobarla”, aseguró Antonio Romero, viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía de Guatemala. El proyecto de ley está en el Congreso.
