Fitch Ratings, Standard & Poor’s Financial Services (S&P) y Moody´s, son las calificadoras de riesgo a las que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo trata de demostrar el buen desempeño económico, social y político del país, con el fin de alcanzar el grado de inversión de los Bonos del Tesoro en el mercado internacional.
Sin embargo, aunque el país tiene una de las economías mejor administradas de Latinoamérica, los requisitos para recibir ese palmarés son incumplibles en el corto plazo. Según el Banco de Guatemala, la recaudación fiscal es baja versus el producto interno bruto (menos del 12 por ciento), altos niveles de pobreza no atendidos e inestabilidad política, entre otros factores, que hacen imposible que en el corto plazo se consiga esa nota. Naciones como Panamá y Costa Rica ya tuvieron esa calificación, pero
luego les fue retirada.
Jonathan Menkos, titular del Ministerio de Finanzas Públicas, sigue optimista y cree que será posible lograr ese objetivo.
Moody´s decidió mantener la nota, pese a reconocer la fortaleza económica de la nación, de sus finanzas públicas, lo valioso del seguimiento a elementos que habían quedado rezagados o ininterrumpidos en gobiernos anteriores y esfuerzos de transparencia. Pero admitió que aún hay factores que impiden tener
una perspectiva más positiva.
Las grandes barreras para aspirar a ese peldaño es la participación de actores dentro del sistema judicial que ponen trabas al desarrollo y democracia, y el hostigamiento por parte del Ministerio Público (MP).
También, la falta de consensos en el Congreso de la República para aprobar leyes propuestas por el Organismo Ejecutivo.
El funcionario destacó que la aprobación de la Ley de Competencia, la Readecuación Presupuestaria, una reforma legislación de Alianzas Público Privadas, la normativa contra el lavado de dinero y la propuesta del presupuesto de ingresos y gastos para 2025 serían indicadores de acuerdos políticos para tener una economía más moderna y dar otra imagen internacional.
