Conocidas como Alianzas Público Privadas (APP), se han convertido en un modelo de contratación importante y exitoso para el desarrollo, principalmente en Sudamérica, según dieron a conocer expertos en su promoción.
En Latinoamérica se aplican distinto que en Asia o en Europa, a diferencia de estas regiones, el bien que se desarrolla o construye se administra para la ejecución del servicio público y el Estado nunca pierde su titularidad, por lo que no es una privatización.
Jaime Li Ojeda, copresidente del Capítulo de Latinoamérica de World Association of PPP Units & Professionals Wappp, explicó que la parte privada tiene una especie de derecho de uso, incluso se le paga durante los años que dure el contrato, pero al final la infraestructura siempre es del Estado.
A inicio de los años 90 comenzó en Chile, saltó a Brasil y luego a Colombia y Perú. En estos dos últimos, hubo un repunte de las carreteras, porque el modelo permitió dar mayor seguridad a la inversión, predictibilidad y promoción.
“En estos países hay más de 100 contratos; en Perú se tiene proyectado firmar este año alrededor de siete proyectos más de APP, entre transporte, saneamiento y electricidad”, dijo el experto.
Guatemala entra al juego
Entre los únicos países donde este modelo debe ser aprobada por el Congreso está Guatemala, debido a que está sujeta a la Ley de Compras y Contrataciones, y el máximo de los contratos es de 30 años, pero puede haber una prórroga.
Recientemente, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo anunció la APP del proyecto de modernización, eficiencia y seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), previo una serie de reparaciones.
La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) reportó que será por 25 años, generará 6 mil empleos directos y 75 mil indirectos. Las obras comenzarán al año de firmarse el convenio.
Li Ojeda resaltó como positiva esta medida. Dijo que en Perú hay 16 aeropuertos puestos en APP, el internacional Jorge Chávez de Lima, fue concesionado en 1996 y ha sido seleccionado varios años como el mejor de la región.
Asumen riesgos
“Al ser sinceros, la empresa privada no llega a hacer caridad, ellos van a ganar dinero; sin embargo, el Estado es el que establece los estándares de calidad y las especificaciones de la obra, por lo que no pueden hacer modificaciones adicionales sin justificación”, aseveró Ojeda.
A diferencia de una condonación pública, el Estado los contrata porque son los expertos constructores y administradores que tienen la obligación de aplicar mejoras tecnológicas, técnicas y constructivas. En ese sentido, si se establece que las empresas no cumplen con los niveles de calidad exigidos, se les pueden aplicar sanciones, tanto contractuales como administrativas. Además, aunque tengan el control de la infraestructura, el contratante no pierde su calidad de fiscalizador, ni de supervisor.
Por ello, los expertos ven positivas las APP. Recomiendan socializar los proyectos con las comunidades y vecinos para indicar el tiempo que demorarán los trabajos, los posibles cierres, cómo estos pueden afectar y qué medidas tomarán las autoridades para que no los afecte.
