La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer ayer que fue detectado un posible incumplimiento de miles de contribuyentes que anularon altos volúmenes de facturas emitidas a consumidor final (CF) para alterar sus declaraciones de impuestos.
Según la entidad, en 2023, 40 mil 020 contribuyentes suprimieron 4 millones 270 mil documentos tributarios, por un valor de 2 mil 616.70 millones de quetzales. Se infiere, según la SAT, que lo hicieron para burlar el pago del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta.
Con las capacidades de la Intendencia de Fiscalización, verificaron días, horas y establecimientos comerciales específicos con mayor cantidad de estos procedimientos.
Lo curioso es que las cancelaciones de los documentos tributarios electrónicos se realizaron en horas específicas; la mayoría se hizo a las 0:00 horas, momento en que ya no deberían recibir algún reclamo. Otra particularidad es que estos procedimientos se hicieron en los últimos días de cada mes, previo a las presentaciones de las declaraciones impositivas.
Con la modificación de la legislación en 2023, los Documentos Tributarios Electrónicos (facturas electrónicas) se pueden cancelar hasta la fecha del vencimiento de la declaración, aun así, todavía algunos siguen haciéndolo hasta seis meses después de la fecha de haberlas emitido, lo que genera diferencias entre lo facturado y lo declarado del impuesto.
Manos atadas
Frente a estas maniobras, lo único que puede hacer la SAT es fiscalizar para determinar si las razones son valederas o lo hacen para burlar al fisco.
El superintendente, Marco Livio Díaz, hizo un llamado a los consumidores para que exijan facturas con número de identificación tributaria (NIT).
Parte de las acciones que se plantea la SAT es auditar los cobros por medio de revisiones a los que se encuadran como posibles evasores y presentar denuncias.
