Lic. Francisco Leal
Asesor de Gerencia
Además, aún subsisten limitaciones en el orden normativo constitucional, que no favorecen la actividad de gobierno local centrada en las políticas públicas en el ámbito local: sistematización de la política pública como institución, en términos de indefinición de las estructuras del Estado facultadas para su formulación, aprobación y gestión, así como que no se reconoce, dentro del contenido político de la autonomía municipal, la facultad del ente municipal para formular y decidir su propias políticas públicas, como garantía a los derechos de participación ciudadana y al adecuado desarrollo de la institución en sede legislativa; no se reconoce, desde su configuración (objeto, sujeto, contenido), el derecho de participación ciudadana en las políticas públicas, como herramienta que viabilice la intervención de los actores de la sociedad en los asuntos públicos en las localidades cubanas.
Por otra parte, desde una perspectiva técnica debemos tener en cuenta que el municipio –y en general en ese país– existe una cultura burocrática que vincula los procesos políticos a intereses particulares, lo cual, de paso, nos permite deducir que gran parte del componente humano de la administración municipal y los actores que podrían participan en la formulación de las políticas públicas municipales será muy restringido.
Además, la rotación de personal en la municipalidad es muy alta.
Tal condición sumerge la interacción entre los actores y la administración municipal en una interferencia clientelar que descompone su autonomía y la capacidad de producir discusiones con una relevancia social importante y en consecuencia los objetivos de las políticas públicas se vuelven difusos.
A los problemas técnicos se le suman las dificultades en los procedimientos de formulación, y como se dijo anteriormente, las políticas públicas en los municipios no se pueden construir desde la naturaleza de las experiencias producidas entre las sinergias entre los actores locales y la administración municipal, sino que se organizan estructuralmente en coherencia a planes o manuales aportados por el gobierno nacional, que si bien contribuyen a establecer una plataforma teórica y metodológica, la completa dependencia a ellos opacan la esencia participativa de la política pública y no se diferencia en nada a la rigidez de un mandato de origen vertical.
