El empresario sostiene que el Gobierno debe interponer las denuncias por supuestos delitos en la ejecución de obra pública, pero no conviene frenar la recuperación de la red vial
El gobierno actual recibió la infraestructura vial destrozada. ¿Qué recomiendan ustedes, como Cámara, para recuperarla?
Primero, el Gobierno debe presentar las denuncias pertinentes ante los órganos correspondientes contra quienes incurrieron en malas prácticas y privaron al país de mejorar la red vial. La obra pública la utilizaron hasta para legitimación de capitales, por no decir para lavado de dinero. Sin embargo, ese no debe ser el único trabajo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Paralelamente, la administración actual no debe detener la reparación y construcción de nuevas vías. Es obvio que hay que someter a las Cortes a todos aquellos que incurrieron en delitos o faltas administrativas para que terminen las edificaciones que se les adjudicó. Es urgente que esas empresas que dejaron a medias los contratos, los terminen.
¿Usted dice que no se debe parar la obra estatal?
Sí. Paralelo a esas acciones penales o civiles, se necesita la ejecución de más contratos para lograr mejorar la movilidad, que permita hacer de Guatemala un país más competitivo en todo sentido, logrando así atraer mayor inversión, empleo y desarrollo. Insisto: mientras se ponen esas querellas contra los malos constructores, es necesario que se empiece con los trabajos de mantenimiento y de nuevos proyectos; no podemos parar.
¿No cree que también la red y otras construcciones han sido mal edificadas?
Por supuesto. Hay que poner en marcha el plan de mantenimiento 2025 aprobado y se levanten las construcciones. Durante los gobiernos pasados se hacían rutas o se reparaban, pero al poco tiempo ya no servían. ¿Y por qué? Porque no tenemos un esquema profesional de supervisión. Todo proyecto comienza con la planificación y termina con la supervisión.
Hay que ponerle más atención a los estándares técnicos, los cuales deben ir explícitos en los contratos que se firman. Durante y después de su ejecución, tiene que haber una revisión profesional. Aquí el tema es que no solo nos falta infraestructura, sino que no nos dura por estar mal construida; no se realiza la debida inspección o control.
¿Quiere decir que se reciben mal?
Eso es evidente. El Estado no puede recibir obras inconclusas, que no se haya comprobado que están bien hechas. Y aquí juega un papel clave la Contraloría General de Cuentas, pues esta entidad tiene la función de vigilar o resguardar los activos del Estado, como las carreteras.
¿Cómo ir monitoreando el deterioro gradual de la red vial?
Hay un software que tiene el CIV, pero que el gobierno pasado ni los anteriores pusieron en práctica. Es el HDM4, que no es más que una herramienta tecnológica de gestión de redes viales. Esta permite determinar en qué momento una ruta necesita reparaciones. Esperemos que el actual ministro de la cartera lo implemente.
¿Qué otros mecanismos podrían ayudar sin necesidad de reformar o aprobar leyes?
Existe el Libro Azul, que establece los estándares para instalar puentes y erigir vías de acceso, el cual tampoco se ha tomado en cuenta y este es el momento de hacerlo.
Por otra parte, tenemos un elemento adicional muy necesario, que es el Registro General de Adquisiciones (RGA), creado para llevar el control de quién o quiénes pueden ser contratistas del Estado.
Sin embargo, con el paso de los años se convirtió en una barrera. De entrada, se pedían sobornos para obtener una calificación. Es un esquema donde se entrampan expedientes para evitar que ingresen nuevos proveedores.
¿Pero ya no lo es?
Este gobierno tiene el reto de actualizar el reglamento de adquisiciones para facilitar que las empresas precalificadas puedan participar; es necesario reformarlo para que se apliquen criterios objetivos, que sea simple, no
engorroso.
