Bajo estándares de transparencia en el servicio y lucha contra la corrupción, se busca recuperar la credibilidad del Instituto de la Víctima, entidad criticada y señalada desde su creación. Su actual directora, Ligia Hernández, profundiza detalles de los cambios efectuados y los que restan por recorrer.
“Esperamos duplicar y mejorar nuestros servicios para una atención integral”.
Ligia Hernández Directora del Instituto de la Víctima
¿Cómo encontró la entidad al asumir?
Muy señalada, más conocida por errores y mala conducción. Procedimientos administrativos con favoritismo, procesos que no se apegaban a ley, necesidades de los colaboradores no cubiertas, resistencia de empleados por demasiada devoción a la exdirectora, entre otras falencias que se siguen descubriendo.
¿Cuáles fueron sus primeras acciones?
Presentamos una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra la exdirectora Alejandra Carrillo, por abandono de cargo, abuso de autoridad y otros delitos, y hemos solicitado a la Contraloría General de
Cuentas (CGC) una auditoria especial.
¿Se removió personal cercano a la exdirectora?
Sí, 14 colaboradores, principalmente de puestos de confianza, y 12 que renunciaron. Sin embargo, encontramos otro grupo de profesionales que llena los requisitos y criterios para
continuar su labor.
¿Tiene contempladas más denuncias?
Sí, hay otras en camino que se presentarán en su momento, porque continuaremos ordenando la casa.
¿Cuál es el nuevo enfoque del instituto?
Tenemos ahora un fuerte compromiso con la transparencia; poner sobre la mesa contratos, adjudicaciones, procesos, todo estará en información pública que encontramos sin funcionamiento. La cero tolerancia a la corrupción es parte de nuestra política, por lo que vamos a denunciar cualquier anomalía.
¿Cuánta es la cobertura actual?
Contamos con 14 mil expedientes de ciudadanos en atención de servicios victimológicos. Reciben asistencia legal y psicológica en 11 sedes que operan en Guatemala, Quetzaltenango, Jutiapa, Alta Verapaz, Escuintla y Suchitepéquez, y se busca tener presencia en todo el territorio nacional.
¿Cuentan con recursos para crecer?
No. Tenemos un presupuesto de 55 millones de quetzales, que no es suficiente para el servicio que merece la población y como establece la ley. Necesitamos triplicar el techo; por ello, se trabajó una propuesta que se entregó al Ministerio de Finanzas.
