Foto: Cortesía Colectivo No Nos Callarán
El cese de actos de intimidación contra periodistas y medios de comunicación, cuyo trabajo es fundamental para mantener informada a la población, exigieron al Ministerio Público (MP) y al sistema de justicia colectivos y defensores de la libertad de prensa.
El Colectivo No Nos Callarán rechazó ayer la instrumentalización de la labor periodística por parte del MP y condenó lo que llamó manejo malicioso de la información en contra de la comunicadora María José Longo Bautista.
La referida entidad indicó que Longo Bautista acudió en calidad de testigo al debate oral y público de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP en Quetzaltenango, quien enfrenta persecución penal por su trabajo en la investigación vinculada a estructuras criminales.
El ente pesquisidor señala a Laparra por el supuesto delito de revelación de datos confidenciales o reservada, y malintencionadamente utiliza una publicación de la periodista para incriminarla, lo que violenta la libertad de prensa.
Ana Julieta Cárdenas, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), dijo que preocupa y se rechaza cualquier acción de criminalización contra periodistas. Cárdenas detalló que desde el año pasado la APG tiene interpuesto un recurso de amparo en los tribunales de Justicia, en rechazo a la criminalización y judicialización de los comunicadores.
Luis Ovalle, del Observatorio de los Periodistas, rechazó la forma oportunista del MP, y consideró que no es la primera vez que ataca a reporteros. Ovalle recordó que hace algunos años se creó una fiscalía de delitos contra periodistas, pero sin los niveles de defensa que debería tener.
Reconoció que este año mejoró la actitud del Ejecutivo hacia la labor periodística, después de
cuatro años de agresión.
Relatoría se ha pronunciado
La Relatoría Especial de Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ha expresado que cualquier medida tendiente a incautar material periodístico, que requiera relevar fuentes o citar a periodistas en calidad de testigos, tiene un efecto restrictivo sobre la libertad de expresión.
Conforme el inciso 8, de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Agrega que “las investigaciones sobre hechos de corrupción no deben afectar a los periodistas que, en el ejercicio de su profesión, coadyuvaron a que la sociedad conociera los hechos que ameritaron esas mismas indagatorias”.
