viernes , 22 noviembre 2024
Inicio “La negociación de la servidumbre no fue buena”

“La negociación de la servidumbre no fue buena”

El pasado lunes, el Concejo Municipal de Guatemala aprobó una servidumbre onerosa por 50 años a la empresa Corredor Verde, Sociedad Anónima, a cambio de la construcción del puente Adolfo Mijangos, zona 3 capitalina, el cual sufrió daños durante un accidente; está inhabilitado, debe ser demolido y edificarse otro.

Aún existe la posibilidad de revocar la decisión del mencionado ente colegiado de la comuna capitalina. En la siguiente entrevista, el concejal noveno Oscar Girón, del partido Winaq, brinda detalles acerca del aval a la mencionada compañía.

¿Es todo un hecho la aprobación de la servidumbre o existen mecanismos para revocarla?


Como concejales, podemos plantear una reposición contra la resolución. Sin embargo, al tomar mayoría de votos de participantes unionistas, difícilmente se lograría. También, lo puede hacer la ciudadanía organizada, abogados particulares y diputados, desde la vía legal, mediante un amparo.

¿Como concejales opositores, se plantean alguna acción?


Estamos en análisis. Aún no tenemos nada definido; tendremos que discutirlo con colegas de Creo, que también emitieron su voto en contra (de la decisión).
Como opositores no fuimos parte de esa negociación; solo se presentó como un punto de agenda más.


¿Por qué genera opacidad el mecanismo utilizado?


No solo genera opacidad, sino que violenta la transparencia con la que se debe gestionar cualquier obra pública. La forma empleada se salta los mecanismos de la Ley de Contrataciones del Estado, por no hacerse una licitación pública.

¿Algunas otras consecuencias por obviar estos procesos?


Puede afectar la calidad de la obra con el material por utilizar, y eso nos preocupa al no existir un mecanismo de fiscalización determinado.


¿El valor de los terrenos cedidos se equiparan a los 16 millones de quetzales en que está valuada la construcción del puente?


Considero que no se hizo una evaluación objetiva. Según nos informaron en sesión privada, antes de la pública, el costo de los terrenos es menor (al de la edificación del puente), de acuerdo con el catastro municipal que la ubica en 4 millones de quetzales, pero no es algo oficial. La negociación no fue buena.

¿Por qué?


Porque para negociar en beneficio de la municipalidad se tiene que considerar que la empresa tendrá ganancias millonarias. Asimismo, nos explicaron que si el costo de la construcción del puente sobrepasa los 16 millones de quetzales, la comuna tendría que poner el resto. Eso nos hace pensar en que no hubo una evaluación objetiva.

A cambio de la servidumbre, la empresa eligió hacerse cargo del puente, entre tres opciones que se le pusieron sobre la mesa…


Así es y, básicamente, se evidenció que les estaban orientando a que se decidiera por el puente, al dejar la carta abierta al más barato. Sin embargo, ni la misma municipalidad tiene bien establecido si este proyecto podría costar más.

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Aún existe la posibilidad de revocar la decisión del mencionado ente colegiado de la comuna capitalina. En la siguiente entrevista, el concejal noveno Oscar Girón, del partido Winaq, brinda detalles acerca del aval a la mencionada compañía.

¿Es todo un hecho la aprobación de la servidumbre o existen mecanismos para revocarla?


Como concejales, podemos plantear una reposición contra la resolución. Sin embargo, al tomar mayoría de votos de participantes unionistas, difícilmente se lograría. También, lo puede hacer la ciudadanía organizada, abogados particulares y diputados, desde la vía legal, mediante un amparo.

¿Como concejales opositores, se plantean alguna acción?


Estamos en análisis. Aún no tenemos nada definido; tendremos que discutirlo con colegas de Creo, que también emitieron su voto en contra (de la decisión).
Como opositores no fuimos parte de esa negociación; solo se presentó como un punto de agenda más.


¿Por qué genera opacidad el mecanismo utilizado?


No solo genera opacidad, sino que violenta la transparencia con la que se debe gestionar cualquier obra pública. La forma empleada se salta los mecanismos de la Ley de Contrataciones del Estado, por no hacerse una licitación pública.

¿Algunas otras consecuencias por obviar estos procesos?


Puede afectar la calidad de la obra con el material por utilizar, y eso nos preocupa al no existir un mecanismo de fiscalización determinado.


¿El valor de los terrenos cedidos se equiparan a los 16 millones de quetzales en que está valuada la construcción del puente?


Considero que no se hizo una evaluación objetiva. Según nos informaron en sesión privada, antes de la pública, el costo de los terrenos es menor (al de la edificación del puente), de acuerdo con el catastro municipal que la ubica en 4 millones de quetzales, pero no es algo oficial. La negociación no fue buena.

¿Por qué?


Porque para negociar en beneficio de la municipalidad se tiene que considerar que la empresa tendrá ganancias millonarias. Asimismo, nos explicaron que si el costo de la construcción del puente sobrepasa los 16 millones de quetzales, la comuna tendría que poner el resto. Eso nos hace pensar en que no hubo una evaluación objetiva.

A cambio de la servidumbre, la empresa eligió hacerse cargo del puente, entre tres opciones que se le pusieron sobre la mesa…


Así es y, básicamente, se evidenció que les estaban orientando a que se decidiera por el puente, al dejar la carta abierta al más barato. Sin embargo, ni la misma municipalidad tiene bien establecido si este proyecto podría costar más.

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