Las propuestas de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), que ayer fueron entregadas al Congreso de la República, son la tercera opción que el Gobierno puso en marcha para remover a la fiscal general Consuelo Porras, por considerar que su permanencia es incompatible con el desarrollo del país, la protección de la democracia y la lucha contra la corrupción.
Antes de esto, se planteó una consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC) para determinar si la jefa del ente encargado de la persecución penal cumple con los estándares de honorabilidad para ejercer el cargo, pues consideran que la funcionaria no está comprometida con el combate al saqueo de los recursos públicos. También, se solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el retiro del antejuicio que protege a la Fiscal General, petición que, de momento, no ha sido conocida por el Pleno de
magistrados.
La medida fue planteada por incumplimiento de deberes, luego de que Porras se negó a sostener una reunión con el mandatario y el Gabinete de Gobierno.
El Ejecutivo, por clamor del pueblo, no descarta una consulta popular para destituir a Porras, aunque la medida está en análisis.
Cierran filas
La iniciativa para reformar el Artículo 14 de la citada normativa fue presentada en el Parlamento por el presidente Bernardo Arévalo, quien estuvo acompañado de la vicemandataria Karin Herrera, ministros y secretarios. Además, dignatarios y funcionarios fueron acuerpados por cientos de ciudadanos que exigen que la fiscal sea
retirada del cargo.
De acuerdo con Arévalo, esta propuesta que busca combatir la corrupción que ha sido ejercida por Porras permitirá abrir el camino para que rinda cuentas al pueblo y que sea removida de su cargo en el marco de la ley.
“La reforma restablece los parámetros establecidos, originalmente, en la Constitución Política de la República para el relevo de la Fiscal General, preservar la autonomía del MP y permitir que funcione eficazmente”, explicó.
En relación con los argumentos brindados por distintos analistas respecto al tema de retroactividad de la ley, y que de ser aprobada la propuesta no afectaría a la señalada, el jefe de Estado aseguró que, según su equipo jurídico, esta solo se aplica en temas penales y no administrativos, como es el caso.
¿Se tiene el consenso?
Nery Ramos, presidente del Congreso, anunció que como X Legislatura son respetuosos de las normativas presentadas, por lo que su responsabilidad es darle el trámite correspondiente y proteger cada plazo.
Samuel Pérez, diputado electo por el Movimiento Semilla, explicó que desconocen la cantidad de apoyo que tendrán, pero que esto reflejará qué parlamentarios están a favor o en contra del pueblo. Reiteró que este cambio es una prioridad del Gobierno.
“Les puedo hablar por la bancada; va a tener 23 votos definitivamente. No estamos en un proceso de transacción, todos los diputados están al tanto; hubo conversaciones previas para explicarles y ellos tendrán que tomar una decisión”, destacó Pérez.
“Será analizada, con la finalidad de pensar en la lucha contra la corrupción y en los efectos a largo plazo de las modificaciones presentadas”, expresó Cristian Álvarez, de Creo.
Elmer Palencia, de Valor, señaló que desconoce el contenido de la propuesta del Presidente, pero, a su criterio, el Artículo 15 de la Constitución, relativo a la retroactividad de la ley, es claro, por lo que deberán
estudiarla. “Como diputados debemos analizar y esperar que se respete el proceso con su lectura y envío a la comisión correspondiente, que debe dar un dictamen”, dijo Hellen Ajcip, del bloque Elefante.
Luis Aguirre, de Cabal, agregó que fue uno de los parlamentarios que se reunieron con el mandatario el pasado domingo, cuando manifestó que se presentaría al Legislativo, por lo que su bancada aún no tiene opinión oficial si la apoyarán.
Nery Mazariegos, de VIVA, expuso no tener claro en qué consiste el anteproyecto, pero que deben darle vía como a todas las iniciativas que se presentan, por lo que la trasladarán a sus asesores para determinar si la avalan.
José Chic, de VOS, comentó que aún no conocen el contenido, pero al tenerlo lo discutirán como bancada para establecer un criterio relacionado y habría que ver si se cuenta con los 107 votos para aprobarla.
Byron Rodríguez, de Todos, informó que, efectivamente, el domingo se les dio a conocer a unos jefes de bloque los cambios, pero que a ellos se les notificará el contenido de la reforma para que sea conocida y así tomar una decisión.
Otros parlamentarios como Esduin Javier Javier, de Cambio, y Nadia de León, de Nosotros, se negaron a expresar su opinión respecto a la iniciativa de Ley planteada ayer.
Propuesta razonable
“Evidentemente, las modificaciones a la Ley del MP es la única alternativa que en este momento le queda al Ejecutivo, tomando en cuenta que ya probó por la línea de la presión para la destitución y también en el sistema de justicia que está cooptado por los aliados de la fiscal”, afirmó Renzo Rosal, analista político.
El politólogo ve varios retos para hacer viable esta ruta. “Lograr 107 votos no es sencillo”. Dijo que a ello se suma que el 15 de mayo finaliza el primer período ordinario de sesiones del Congreso.
Asimismo, comentó que en el ambiente hay “cualquier
cantidad de criterios jurídicos” respecto a si los cambios a la normativa son retroactivos. “Pero, al final, el que va imperar es el de la CC”, aseguró.
Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, aseguró que el anteproyecto de ley del Ejecutivo, que busca abrir el camino para la destitución de Porras, “es razonable y va en la dirección correcta”.
Él es de la opinión de que si se aprueban las reformas se podrá destituir a la Fiscal General y jefa del MP. “La ley es retroactiva cuando se aplica a hechos pasados o cuando trata de cambiar derechos adquiridos; sin embargo, ser removido como Fiscal General no es un derecho adquirido”, aclaró.
Ortiz argumentó, además, que el Gobierno “tendrá que demostrar que tiene capacidad de maniobra en el Congreso” para que le aprueben el proyecto de ley que entregó a ese organismo del Estado.
