Aunque las citaciones a funcionarios públicos por parte de diputados al Congreso de la República son parte de su trabajo de fiscalización y un derecho, hacerlas de manera continua afecta la labor de los servidores públicos, según analistas consultados.
En el primer mes del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, estas solicitudes de comparecencias al Legislativo, principalmente en las últimas dos semanas, alcanzaron 71, de acuerdo con datos oficiales recabados. Desde el 19 de enero que se publicó la primera, hasta el 14 de febrero de 2024, los llamados a autoridades de las distintas carteras han ocurrido en 53 ocasiones, en 20 de las cuales se requiere al titular de los ministerios.
La dependencia que más invitaciones recibió en ese lapso fue el despacho de Educación (Mineduc), en la cual Anabella Giracca fue llamada seis veces para discutir temas como el calendario de clases, el Seguro Médico Escolar y remozamientos de escuelas. El tema con mayor interés por parte de los parlamentarios fue el de la enfermedad neurológica aguda, con autoridades de la dependencia de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
71 solicitudes de comparecencia se contabilizaban hasta ayer.
El titular del MSPAS, Oscar Cordon, comentó que considera el tema como uno de los más importantes en las agendas del Ejecutivo y Legislativo, por lo que podría ser una de las razones de las citaciones. “En nuestro caso lo que les hemos pedido es que, en la medida de lo posible, y estamos dispuestos a proveer toda la información para mantenerlos al día, sería bueno que ordenaran los temas y poderlos tratar en conjunto”, refirió.
La parlamentaria con más reuniones agendadas con funcionarios del Ejecutivo es Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), seguido de José Chic, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). Chic reconoció que debe evaluarse el tipo de citación o acción que se requiere.
En su caso, aseguró, no existe intención de interferir con las labores de los citados, pero no puede hablar por todos. Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), comentó que estos requerimientos son normales.
“Es una dinámica de fiscalización que en algunos casos es auténtica y en otros es un tema de presión. Afecta el trabajo de las carteras cuando no son legítimas, distrae a las máximas autoridades, debido a que en ocasiones no permiten que sean representados”, refirió. Por último, explicó que es una estrategia legislativa común que en ocasiones se utiliza para humillar a los funcionarios, lo cual es una mala práctica generalizada en todas las bancadas.
