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La seguridad, justicia y educación son pilares fundamentales para el desarrollo de los guatemaltecos, por lo cual la IX Legislatura aprobó varios decretos que favorecen a la ciudadanía.
En el tema de justicia, los parlamentarios impulsaron acciones de promoción transparente, innovadora y eficiente que fortalecen a las instituciones respectivas, con al menos 27 decretos y más de 125 normativas establecidas en los últimos cuatro años.
Entre estas, el Congreso de la República destaca el Decreto 14-2020, que viabilizó la firma de un convenio económico para programas dirigidos a la modernización del Ministerio Público (MP), el cual se suscribió entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US $60 millones.
También, dieron vida a la Ley del Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia, con el 16-2020, que destinó US $300 millones para mejorar la infraestructura y equipamiento de las instituciones del Organismo Judicial (OJ).
Otra de las normas fue la 5-2022, que reformó la Ley de Migración, conocida como anticoyotaje. En relación con el resguardo de la vida, los congresistas, mediante el Decreto 11-2022, reformaron la tipificación de los delitos cometidos contra la niñez y adolescencia por medios tecnológicos, como la
seducción y el chantaje sexual.
Educación para el desarrollo
En el ámbito educativo, el Organismo Legislativo destacó el consenso del Decreto 12-2021, que modificó la Ley de Alimentación Escolar, el cual estableció el aumento de Q4 a Q6 el valor del aporte diario
para cada estudiante.
Asimismo, recalcaron las acciones a favor del desarrollo del sistema educativo del país, con el 2-2022, Disposición para la Baja de Bienes Muebles Inservibles en los Centros Educativos, conocida como deschatarrización.
Por último, resaltaron que con el 18-2023, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, se destinó un techo presupuestario por Q23 083 millones para el Ministerio de Educación (Mineduc).
