En los últimos días llamó la atención de la ciudadanía la reactivación del debate del proyecto de ley sobre las tarjetas de crédito, propuesta que busca castigar las prácticas que atentan contra los tarjetahabientes.
En Guatemala, las transacciones con el citado documento crediticio han tenido un ranquin de constante crecimiento; sin embargo, los niveles de endeudamiento de los usuarios también se han incrementado. Por ello, la iniciativa de ley 5544 busca frenar abusos y proteger los derechos de los ciudadanos.
De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB), la referida forma de pago nunca debe ser considerada como un dinero extra sino como un préstamo, el cual tiene que pagarse conforme las condiciones pactadas con el emisor, y por ello ha emitido una serie de recomendaciones para evitar cargos extraordinarios.
“Documentarse sobre las tasas de interés y comisiones que se cobran, leer detenidamente el contrato, cumplir puntualmente con los pagos, procurar cancelar el total o abonar más del mínimo pactado”, son algunos de los consejos emitidos por la entidad gubernamental en su sitio web.
En el mercado guatemalteco existen emisores que no pertenecen a grupos financieros, y consecuentemente no están sujetos a supervisión de la SIB; en ese sentido, el proyecto de ley persigue que todos los emisores sean supervisados por un mismo ente.
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