Mattanya Cohen Embajador de Israel en Guatemala
El viernes pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) adoptó una decisión indignante, al indicar que la Corte tiene la jurisdicción en las áreas de los territorios en disputa entre Israel y los palestinos y, más aún, los llamó “Palestina”.
La decisión de la CPI de que la fiscal es competente en el caso palestino es profundamente errónea, y confirma las preocupaciones que desde hace tiempo Israel tiene acerca de que la Corte pueda ser susceptible a ser politizada. La CPI se creó a raíz de los horrores del Holocausto, para hacer frente a los peores casos de atrocidades masivas que conmocionan la conciencia de la humanidad, y los casos que no podían abordarse en ningún otro marco. Asimismo, solo tiene autoridad en los casos en que los Estados decidan delegar su propia jurisdicción penal en la Corte.
En pocas palabras, la CPI no posee jurisdicción universal. De hecho, la Corte carece totalmente de competencia en la denominada “situación en Palestina”. El Estatuto de Roma estipula claramente que la Corte tiene jurisdicción en los casos presentados por Estados soberanos; un Estado palestino soberano no existe, y nunca ha existido. A pesar de estos hechos, la CPI dictaminó que La Haya es competente para investigar a Israel.
Al recurrir a la CPI, los palestinos intentan convertir a la Corte en un instrumento político y empujarla a definir cuestiones políticas, que deberían resolverse a través de negociaciones directas y no mediante procesos penales. Han distorsionado el concepto de jurisdicción en pos de promover sus propios intereses políticos, corrompiendo en el proceso la integridad y la capacidad de la Corte para cumplir con su misión fundamental. Al adoptar esta decisión perjudicial, y al continuar persiguiendo a las democracias con sistemas jurídicos independientes y eficaces, los cuales están luchando contra el terrorismo en lugares tales como Irak, Afganistán y Gaza, la CPI ha sobrepasado su mandato básico. Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania y otros ya han expresado sus reservas acerca de esta decisión.
Israel tiene demandas legales válidas sobre el mismo territorio que los palestinos han tratado de someter a la jurisdicción de la CPI. El acuerdo entre Israel y los palestinos para resolver su disputa del futuro estatus de este territorio a través de negociaciones, se ha prolongado durante mucho tiempo entre las partes, y es ampliamente aceptado por la comunidad internacional cuando se trata de este asunto. Los recientes acuerdos de normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos, son una prueba más de que la única manera de lograr una paz auténtica es a través de negociaciones directas.
El involucramiento de la CPI en este conflicto bilateral sólo tendrá un efecto perjudicial, en la capacidad de un diálogo genuino y negociaciones entre Israel y los palestinos. El hecho de intentar “criminalizar” aspectos de la larga disputa entre Israel y los palestinos produce una mayor polarización, exacerba el conflicto y aleja el objetivo final de la paz.
La última decisión de la CPI ha convertido a la Corte en una herramienta política, la ha desviado de su misión original y ha socavado los valores para los que fue establecida.
