Foto: SAT
Una ampliación de la denuncia penal para incluir a 206 empresas más, que se suman a las primeras 35, realizó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en el caso de defraudación tributaria entre 2021 y 2023, de al menos 300 millones de quetzales, que involucra a 410 contribuyentes, caso conocido como B410.
Las nuevas acusaciones se hicieron el 10 de septiembre y se agregaron a las 35 del 13 de agosto presentadas ante un tribunal y se entregó copia al Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), indicó ayer, durante una conferencia de prensa, Marco Livio Díaz, titular de la SAT.
“El resto para completar las 410 empresas (169) no han facturado, por lo que solo procedimos a deshabilitarlas de nuestros registros y no permitir que tengan ninguna operación comercial por haber sido inscritas con documentación falsa”, remarcó el funcionario.
Dinero recuperado
También, se indicó que, a la fecha, se han recuperado 24.1 millones de quetzales, porque 10 contribuyentes denunciados han efectuado pagos totales (2) y parciales (8) de los montos correspondientes a las inconsistencias detectadas, así como rectificaciones en sus declaraciones de los impuestos al valor agregado y sobre la renta.
El superintendente estimó que la recuperación de los tributos no pagados, a finales de año, cierre entre 100 millones y 125 millones de quetzales.
De acuerdo con la investigación realizada por el ente recaudador, un solo abogado creó más de 400 empresas de cartón, que facturaron más de 5 mil millones de quetzales entre 2021 y 2023, pero no tributaron lo que correspondía.
Como medidas precautorias, y por medio de acciones judiciales, se han embargado 106.4 millones de quetzales y 440 mil dólares. Además, se inhabilitó a 30 contribuyentes del régimen del IVA, lo que impide que puedan emitir facturas. De esos, nueve lograron la habilitación por medio de amparos judiciales provisionales y dos solventaron su situación.
Además, 32 empresas más fueron invalidadas en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y de ellas, cuatro fueron amparadas para que la SAT dé marcha atrás y dos solventaron su situación con el fisco.
“Hemos pedido el arraigo contra los representantes legales y los contadores en la primera denuncia, de 32 compañías. De los demás no se pidieron esas medidas, solo se judicializaron los casos para que no pudieran seguir facturando”, agregó Díaz.
Pide capturas
“Creo que es urgente tener las órdenes de captura y poder entrevistar a esas personas para que digan la veracidad de los hechos, quiénes las contactaron y por qué. Mientras eso no sucede, tenemos delimitado nuestro campo de acción”, argumentó Díaz.
Se indicó que la SAT está trabajando conjuntamente con el MP y la CGC para esclarecer el caso de defraudación tributaria.
Adicionalmente, se dijo que la Superintendencia de Bancos (SIB), por su lado, está haciendo una pesquisa. La SAT “como querellante adhesivo va a solicitar que toda esa investigación se presente en el tribunal y sirva de información adicional para establecer a los verdaderos responsables”, remarcó Díaz.
Litigio legal para inhabilitarlas
De momento, 21 contribuyentes denunciados han presentado amparos para continuar operando; de ellos, 10 han sido decretados provisionalmente por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en materia tributaria.
Por ello, la SAT presentó recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para revertir esas decisiones. Un amparo fue denegado y otros 10 están en proceso y pendientes de ser resueltos.
“No podemos permitir que una compañía que se ha quedado con el IVA siga trabajando, siga facturando y se sigue quedando con más impuestos de los guatemaltecos”, concluyó Díaz.
Archivo / Cecilia Vicente
