En la selección de magistrados a Cortes de Apelaciones, que inicia esta semana en el Legislativo, lo que está en juego es un polo entre justicia y corrupción, dijo el presidente Bernardo Arévalo.
Ante esta situación “lo que corresponde es votar con convicción y claridad por todo aquello que implica el rescate de la justicia” y cualquiera que diga que entre los dos puntos opuestos “tiene que haber un balance de fuerzas, no tiene una ética moral y no entiende claramente cuál es el problema político de este país”, aseguró el gobernante guatemalteco. También solicitó a los legisladores que actúen “con claridad y que escojan a quienes realmente le ofrecen al pueblo de Guatemala la posibilidad de recuperar una justicia limpia, certera y objetiva”.
Constituir una nueva CSJ
El Jefe de Estado también se refirió a la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ). Respecto a la elección de esta, en el Congreso de la República, comentó que “esa minoría corrupta, que se resiste a desaparecer, aún tuvo injerencia en el resultado”.
En ese sentido, indicó que corresponde ahora a la nueva Corte “demostrar con hechos y no con palabras, tampoco con especulaciones, dónde se encuentran en este proceso nacional de rescate de las instituciones de justicia y de la democracia”. Los nuevos magistrados de la CSJ, que deben asumir sus cargos el 13 de octubre, tienen una oportunidad única porque “aquí puede haber un parteaguas histórico entre una corte que estaba penetrada y coludida, con una corte que asume esa tarea histórica de hacer el rescate”.
Lo que viene
La elección de los magistrados de las Cortes de Apelaciones, programado para mañana en el Congreso luego de declararse en sesión permanente, implica avanzar en un camino un poco tortuoso. Los cabildeos que se han realizado, serán cruciales para determinar qué tan allanado esté. El trabajo de los legisladores no es del todo sencillo. De un listado de 312 candidatos que les fue remitido hace dos semanas por la Comisión de Postulación, encabezada por Raúl Arévalo, deberán escoger a los 156 togados que deben asumir sus cargos el 13 de octubre próximo.
A pesar de la complejidad del proceso, algunos diputados han revelado que existen consensos en torno a un centenar de aspirantes, lo que sugiere que el Congreso podría avanzar rápidamente en la elección de un número significativo de magistrados. No obstante, las fricciones entre los distintos bloques parlamentarios siguen presentes.
Según Samuel Pérez, de la bancada Semilla, el trabajo para construir acuerdos ha sido arduo. “Hay más de 300 personas postuladas, hemos estado trabajando consensos con varios bloques. Sin embargo, es difícil hacerlo a través de un solo listado como se procuró para CSJ”, explicó.
Corregir errores
El Panel de Personas Expertas Independientes para observar la elección de Altas Cortes en Guatemala (PEI-GT) ha jugado un papel importante en la supervisión del proceso. Esta instancia ha insistido en que el Congreso tiene la responsabilidad de corregir cualquier error cometido por la Comisión de Postulación, que, según críticas de varios sectores, pudo haber incluido a personas con posibles conflictos de interés o antecedentes cuestionables, afirmó Sidney Blanco.
El integrante del PEI-GT destacó que aún es posible excluir a candidatos que no cumplan con los requisitos de independencia e idoneidad, en un esfuerzo por garantizar que los magistrados seleccionados contribuyan a mejorar la justicia en el país y no perpetúen prácticas cuestionables o corruptas. Un aspecto clave en la elección de magistrados es la dinámica interna entre las distintas bancadas del Parlamento.
María de los Ángeles Fuentes, directora ejecutiva de la organización Guatemala Visible, indicó que la votación de la semana pasada para la CSJ mostró cómo se están tejiendo las alianzas en el hemiciclo. Este comportamiento, según Fuentes, podría repetirse mañana.
“Es probable que veamos nuevamente un acuerdo entre las bancadas, ya que de no contar con los votos suficientes (cada aspirante), la votación podría estancarse, lo que generaría un retraso significativo en el cumplimiento de los plazos constitucionales”, subrayó.
El tiempo para la toma de posesión de las nuevas autoridades judiciales no está en discusión. De hecho, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió recientemente una resolución en la que subrayó la importancia de respetar estos tiempos, lo que añade presión sobre los diputados para alcanzar acuerdos lo antes posible.
Raquel Zelaya, directora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), advirtió que este proceso de selección podría ser incluso más complicado que la elección de magistrados para la CSJ debido a la gran cantidad de aspirantes. “Esperaría que los diputados cuenten con suficiente información y antecedentes de los candidatos, aunque tienen muy poco tiempo para entrevistarlos y conocerlos a profundidad”, comentó Zelaya. Esta observación destaca una de las principales preocupaciones en torno al proceso: la capacidad del Congreso para evaluar adecuadamente a los 312 aspirantes en un período tan breve.
Además, Zelaya hizo un llamado a los legisladores para que actúen con responsabilidad y elijan a los candidatos más idóneos. “Es fundamental que los más capaces y sin señalamientos sean los que ocupen estos altos cargos. Solo así podremos empezar a restaurar el sistema de justicia del país”, añadió.
Investigaciones y recursos
Otro factor que ha generado preocupación es el impacto de las investigaciones iniciadas recientemente por el Ministerio Público. Según el analista Kevin López, también de Asies, aunque estas pesquisas podrían intimidar a algunos parlamentarios o a los propios miembros de la Comisión de Postulación, no deberían tener un efecto directo sobre la elección de magistrados. “Las averiguaciones penales pueden generar presión, pero no deberían interferir en las decisiones que se tomen en el Congreso”, señaló.
En cuanto a los recursos legales, Fuentes indicó que la reciente resolución de la CC ya dejó claro que no se espera que nuevos amparos o apelaciones puedan alterar el curso de la votación. “Los aspirantes que se consideraron afectados presentaron los recursos que correspondían, y estos fueron resueltos según la ley, por lo que es muy poco probable que haya otro en ese sentido”, comentó.
