domingo , 24 noviembre 2024
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Rechazan que STEG decida sobre temas administrativos del Mineduc

Versados en temas educativos y de transparencia, objetaron que el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) decida sobre asuntos administrativos del Ministerio de Educación (Mineduc), tal y como consta en las actas de las reuniones de negociación del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo entre ambas partes. 

“Creo que se sobrepasaron desde hace bastante tiempo. Que se metan en las capacitaciones, a tomar decisiones de quién va o no a la formación, eso le compete al despacho. Ahorita es cuando esta cartera puede recuperar el sector de enseñanza”, afirmó María del Carmen Aceña, extitular del Mineduc. 

“Resulta que ahora el titular del despacho no puede hacer nada porque todo lo tiene que atender el sindicato; qué estamos haciendo, una dictadura de los sindicatos”, se preguntó la exministra. 

Ministro de facto

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), se refirió en similares términos. “El ministro de facto de las últimas dos décadas ha sido este señor (Joviel Acevedo, secretario general del STEG). Han sido simples peones de lo que él prácticamente decide. Entonces, ya trae esa inercia y quiere seguir con lo mismo”, afirmó el experto en temas de transparencia. 

Miriam Castañeda, ex viceministra administrativa de Educación, indicó que “el sindicato no tiene por qué meterse en las medidas administrativas ni en la toma de decisiones del jefe de una cartera, vicedespacho o director de educación departamental. 

El sindicato, se supone, va a velar únicamente por los derechos de los docentes y porque no se violen las garantías fundamentales de los alumnos”, enfatizó Castañeda. 

Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, comentó que hay que separar una cosa de la otra. “El Ministerio debe tener y mantener la rectoría del sistema, así como procesos estandarizados para todo el tema de gestión del recurso humano y personal docente”, refirió. 

Se buscó la opinión de Acevedo, secretario general del STEG, sobre las publicaciones del Diario de Centro América donde se dan a conocer las exigencias del sindicato en la negociación del Pacto Colectivo. “Nos tienen sin cuidado”, indicó el entrevistado e inmediatamente cortó la comunicación telefónica realizada por este matutino. 

Consecuencias

La injerencia del STEG en los procesos afecta la enseñanza y la cobertura de la formación en el país, entre otras consecuencias, consideraron los expertos. 

“El resultado es que hemos tenido estancada la ampliación y mejora de la educación, las cuales van para abajo porque cada vez se les da más privilegios a los sindicalizados y se le quita autoridad al ministerio”, remarcó Aceña. 

Castañeda reiteró que “lo que sucede es que se atrasa en el avance del sistema de enseñanza en temas de calidad, cobertura y eficiencia. La obligación de un ministro es velar por cumplir lo que constitucionalmente corresponde, que es la Política Educativa y esta es en consenso con el Presidente de la República, nada más”.

Spross consideró que el que un titular de Educación no tenga plena autonomía para la toma de decisiones afecta, porque “no siempre pueden alinear la consecución de las metas y objetivos con los recursos disponibles y los resultados no son óptimos. Muchas veces no se logra brindar el servicio de calidad a todos los estudiantes”. 

Cuestionan opacidad

Los conocedores de temas educativos y de transparencia también cuestionaron que el STEG se niegue a que sea pública la negociación del Pacto Colectivo, tal y como consta en las actas a las que tuvo acceso este diario, por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública. “Eso es un indicativo de que, lo que ellos están pidiendo, no tiene legitimidad porque si no, no tuvieran miedo de que la ciudadanía lo conozca”, aseguró Marroquín. 

Castañeda enfatizó: “Me parece ilógico por qué si se negocia un derecho para maestros y alumnos por qué no lo van a hacer público. El que nada debe nada teme. Si no están haciendo nada malo, no tienen por qué hacer secreto un Pacto Colectivo de condiciones de trabajo”. 

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