El Gobierno cerró la puerta al uso de intermediarios en la contratación de seguros en las entidades y dependencias del Ejecutivo, con el fin de reducir costos, transparentar las adquisiciones y hacer eficiente la ejecución presupuestaria, según las directrices presidenciales con vigencia inmediata contenidas en el Oficio Circular 03-2024, publicadas ayer en el diario oficial.
“Las autoridades de cada entidad o dependencia como responsables de sus presupuestos no podrán realizar contrataciones de estos servicios a través de corredores, intermediarios o agentes de seguros que impliquen el aumento al valor de la póliza”, de acuerdo con el citado documento.
Recalca que los funcionarios deberán abstenerse de convenir o pactar condiciones que impliquen pagos o cobros que aumenten el valor de la contratación, tales como comisiones a intermediarios “toda vez que la participación de estas personas no es obligatoria, de conformidad con el Artículo 80 del Decreto 25-2010 del Congreso, Ley de la Actividad Aseguradora”.
“Lo que hemos hecho es establecer directrices claras para, en primer lugar, homologar y, en segundo, garantizar que sea transparente el proceso de contratación”, indicó ayer el presidente Bernardo Arévalo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.
