Foto: PNC
El acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual fue bajo el año pasado, en comparación con el número de denuncias presentadas por ese delito, en el que los más agraviados son los niños y
adolescentes.
En 2023, de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público (MP), se registraron 10 mil 159 acusaciones por el citado acto ilegal. En tanto que, según cifras del Organismo Judicial (OJ), en ese lapso se dictaron 895 sentencias.
Es decir que los fallos condenatorios representaron el 8.8 por ciento con respecto al total de imputaciones hechas ante el ente encargado de la persecución penal.
En ese mismo año se registraron más de 2 mil casos de niñas y adolescentes, menores de 14 años, embarazadas. Los departamentos donde se presentaron más gestasiones fueron Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Guatemala y San Marcos.
“Las víctimas, en su mayoría, son niñas y adolescentes. La violencia sexual impacta más en la segunda infancia y adolescencia”, explicó Leonel Dubón, director ejecutivo del Refugio de la Niñez.
Atención integral al problema
En este contexto, el 26 de abril se lanzó la Comisión Interinstitucional contra la Violencia Sexual
(Civs), que está bajo la rectoría de la Vicepresidencia de la República, y tiene como objetivo la prevención, atención integral y el acceso a la justicia y reparación a las víctimas.
Está conformada por 18 instituciones estatales, entre ellas siete ministerios, tres secretarías y ocho más entre las que se encuentran, la Procuraduría General de la Nación (PGN), Defensoría de la Mujer Indígena, Registro Nacional de las Personas (Renap), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Instituto de la Víctima y tres consejos nacionales.
La creación de la citada instancia “contribuirá significativamente a la protección de los derechos y la seguridad de la población, en especial de los niños y niñas”, afirmó Elizabeth Wager, representante de la Embajada de Estados Unidos.
