Desde hace 563 días, José Rubén Zamora ve la luz del día detrás de unos barrotes que lo privan de su libertad, y cada vez son más las voces, en especial de organizaciones de prensa nacional e internacional, que piden un proceso penal justo y sin retrasos maliciosos.
El periodista y crítico del anterior gobierno fue detenido el 29 de julio de 2022, acusado de lavado de dinero, a menos de una semana de haber señalado actos de corrupción. Finalmente, fue condenado a seis años de prisión, pero una sala anuló la condena y ordenó repetir el proceso.
El pasado 5 febrero debió empezar, en el Juzgado Décimo Penal, otro juicio contra él por presunta conspiración para la obstrucción de la justicia, pero la audiencia fue reprogramada para el próximo 20 de febrero.
“Pedimos un juicio justo y que se le otorgue libertad condicional debido a que el proceso inicial fue desestimado”, afirmó Julieta Cárdenas, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG); mientras que la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), el 7 de febrero, calificó de “inaceptable” que continúe en prisión, y aseguró que se ha usado “abusivamente” el derecho penal para acallar voces incómodas.
Casos vinculados Los gremios periodísticos locales y extranjeros también demandan imparcialidad en el caso de siete comunicadores más, acusados de un supuesto proceso de obstrucción a la justicia por informar a la ciudadanía sobre la privación de libertad de Zamora. El 5 del mes en curso, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó un escrito legal amicus curiae ante un tribunal en defensa de los ocho periodistas procesados por presunta obstrucción a la justicia.
“No resulta legalmente viable investigar penalmente las publicaciones realizadas” por ellos, “puesto que lo legalmente establecido es que sea conocido por un Tribunal de Honor, conforme lo regula la Ley de Emisión de Pensamiento”, esgrime, entre otros argumentos, la SIP.
Vientos de cambio
No obstante, hay una luz al final del túnel, pues la actual administración desde los primeros días de gestión ha tomado decisiones que apuntan al fortalecimiento de la libertad de expresión, a la que tienen derecho todos los periodistas y ciudadanos.
De esa cuenta, el Ejecutivo, por medio de la Secretaría General de la Presidencia, solicitó una desestimación de denuncia en contra de un grupo de personas que expresaban sus opiniones a través de la red social X, antes Twitter, querella que se presentó en la administración anterior. “En nuestro gobierno junto a Karin Herrera, ninguna persona será perseguida por sus opiniones.
La libertad de expresión es un pilar fundamental de toda democracia”, afirmó el mandatario Bernardo Arévalo en sus redes sociales. En tanto que, el 6 de febrero pasado, el Gobierno inauguró la sala de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura, que lleva el nombre del fallecido periodista Ronaldo Robles. Este espacio para los comunicadores sociales llevaba varios años de haberse cerrado.
Relator de CIDH llega al país
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, arribó ayer al país, y hoy tiene previsto sostener una reunión con el mandatario Bernardo Arévalo.
El titular de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh), Oswaldo Samayoa, informó en sus redes sociales que el funcionario realizará una visita oficial de dos días, en los cuales tendrá acercamiento con autoridades de varias instituciones estatales y con el periodista José Rubén Zamora.
