Integrantes de la mesa de diálogo, instalada por el Gobierno para consensuar con diversos sectores sociales lo que debe incluir la nueva política nacional de datos abiertos, sostuvieron ayer su segunda reunión para avanzar en esta tarea.
El proceso es acompañado por la GAE, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la OEA.
La actualización del instrumento, que orienta las decisiones del Ejecutivo a largo plazo, busca reforzar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y auditoría social. En esta ocasión, fue abordado qué institución debería ser la rectora de la herramienta y creación de un portal nacional de información pública, entre otros.
La importancia de la intervención de diversos actores sociales en la cocreación de la normativa fue destacada por Mike Mora, especialista principal de Gobierno Digital Abierto, Catastro y Registro de la Propiedad del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
El ejercicio de consulta plural “fortalece la democracia, gobernabilidad y los productos que se diseñan, en este caso, una política pública toda vez que esta va a ser el reflejo de un panorama más amplio, de aquellos actores que hacen uso de la información fuera de gobierno”, remarcó el entrevistado.
2 reuniones ha sostenido esta semana la instancia referida.
Gabriela Ayerdi, de la organización Diálogos, se pronunció en la misma línea. “Vemos con buenos ojos este esfuerzo del Ejecutivo y estamos entusiasmados. Estos espacios contribuyen a que se conozcan las necesidades de la población” para que se tome en cuenta en este tipo de iniciativas, afirmó en su discurso.
La modernización de la normativa y el ejercicio de consulta responde al compromiso 1, hito 2 del Quinto Plan de Acción Nacional 2021-2023, que lidera el Ministerio de Gobernación (Mingob).
