Plan de ayuda por hambre estacional en 165 municipios está en su fase final.
La estrategia para apoyar a las familias de escasos recursos de 165 municipios del país afectados por el hambre estacional, causada por el cambio climático y las tormentas tropicales Eta e Iota, que golpearon el año pasado a 10 departamentos, está en su fase final.
“Esperaríamos tener la aprobación y presentarlo al Conasan (Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional), el 28 de abril, para luego lanzarlo oficialmente”, afirmó María Eugenia de León, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).
La estrategia está en borrador y en revisión. La idea es que los ministerios de Agricultura, de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, así como la Sesan y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) intensifiquen las acciones para mitigar los daños que la sequía, la lluvia y todo el cambio climático generan y que afecta la seguridad alimentaria y nutricional, agregó De León.
“La idea es que los ministerios involucrados en el plan intensifiquen las acciones para mitigar los daños que la sequía y la lluvia causan a las familias de todo el país.” María Eugenia de León Titular de la Sesan
La meta
El plan contempla proveer de alimentos a las familias de los 165 municipios, que incluye a 88 del Corredor Seco y el resto son de los 10 departamentos afectados por Eta e Iota. De acuerdo con las autoridades, los meses críticos son de abril a agosto y en algunos lugares, incluso,
en noviembre.
De acuerdo con la cartera de Agricultura, las dos citadas depresiones tropicales causaron daños agrícolas que afectaron a 204 mil 500 familias en Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén, Quiché, Santa Rosa y Zacapa.
De ellas, el 39% tenía cultivos de infrasubsistencia y 51% de subsistencia, y son estas familias las que preocupan a las autoridades. Del resto de cultivos afectados, el 9% es de excedentarios y el 1% para el comercio.
La estrategia contempla un componente para fortalecer la resiliencia de las familias ante la inseguridad alimentaria, provocada por los embates del
cambio climático.
