Seis meses después de ser presentada una solicitud de antejuicio contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, por parte del presidente de la República, Bernardo Arévalo, fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El cargo que el Organismo Ejecutivo atribuía a la funcionaria en este caso era el de incumplimiento de deberes por no asistir a una reunión de Gabinete enfocada en temas de seguridad, a la cual el gobernante le había girado invitación.
Situación compleja
“Es un tema complejo para la CSJ porque lo tiene que conocer en Pleno, y también tiene antejuicios contra Arévalo desde hace más de seis meses y no los ha resuelto”, advirtió Edgar Ortiz, abogado y experto en derecho constitucional.
Agregó que este no es el caso más fuerte contra la fiscal, “es la denuncia más débil de todas, lo que no evaluará el fondo de su gestión”.
“Es la denuncia más débil de todas. Lo que no evaluará el fondo de su gestión”. Edgar Ortiz Experto en Derecho Constitucional
Otro antejuicio
El pasado 1 de agosto, el mandatario brindó una conferencia de prensa para referirse a las acciones legales promovidas por la fiscal general, Consuelo Porras, quien busca que algunos funcionarios de su gobierno sean removidos de sus cargos.
Según informó, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) la revocatoria del amparo provisional otorgado a favor de la jefa del MP el 8 de mayo de 2024, considerando que no existe y nunca existió la amenaza de violaciones a la Constitución denunciada por Porras.
Arévalo objetó que las situaciones generadas por el actuar de
Porras no solo atentan contra su administración, sino contra la voluntad del pueblo expresada en las urnas, por lo cual también se presentó una solicitud de retiro de antejuicio por la posible comisión de los delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad.
