Como el mayor fraude fiscal de los últimos tiempos en nuestro país calificó ayer el presidente Bernardo Arévalo el complot que 410 empresas fraguaron de 2021 a 2023, lo que llevó a la defraudación de más de 300 millones de quetzales al fisco, por lo cual el Ejecutivo ya acciona para determinar responsabilidades en los ministerios implicados en este caso, que fue hecho público el 14 de agosto por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
“En vez de criminalizar a quienes considera sus enemigos, el MP tiene la responsabilidad de perseguir a quienes causaron daños a las aspiraciones de desarrollo del país”. Bernardo Arévalo
Jefe de Estado
La SAT evidenció una red de corrupción compuesta por esa cantidad de firmas que habrían defraudado al Estado por más de 300 millones de quetzales, aunque el monto podría ascender hasta los 800 millones.
Se aprovecharon del erario
“Como gobierno, comprometidos seriamente en el combate contra la corrupción, tomaremos las acciones pertinentes por las
implicaciones que esta red de defraudación tiene para el erario y
los bienes del pueblo de Guatemala”, señaló el jefe del Ejecutivo.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) tomará las medidas necesarias conforme a su mandato para defender los intereses del Estado y que las averiguaciones lleven a los responsables ante la justicia, enfatizó el gobernante.
Archivo / Mariano Macz
Arévalo aseguró que la estructura, conocida como B410, fue diseñada y ejecutada durante el gobierno de Alejandro Giammattei, con el fin de enriquecer a unos pocos. “En esencia, confirma y comprueba lo que hemos señalado: la corrupción fue el sistema operativo del Estado en ese momento”, resaltó.
Dada la gravedad y la urgencia de este caso, el Gobierno se compromete a generar un monitoreo periódico para mantener informada a la población sobre nuestros hallazgos (en las dependencias del Ejecutivo), sin importar quién caiga, expresó.
“Lo presentado por la SAT es, sin duda, la punta del iceberg y,
seguramente, hay muchos más esqueletos en el clóset que, tarde o temprano, se destaparán”, manifestó el Presidente.
Por su parte, el procurador General de la Nación, Julio Saavedra, explicó que la PGN tomará dos tipos de acciones en respuesta al caso B410.
En lo judicial, se presentará como querellante para asegurar que los responsables sean juzgados.
En lo administrativo, se revisarán las contrataciones relacionadas con las empresas involucradas en el fraude, con el objetivo de individualizar las responsabilidades.
Saavedra explicó que esta averiguación, iniciada por la SAT,
cuenta con más de 600 folios de evidencia y continuará su curso hasta que todos los involucrados sean identificados y llevados ante los tribunales.
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores, afirmó que esta entidad jugará un papel clave en la investigación. Su tarea será revisar las adjudicaciones y las pesquisas en las entidades vinculadas al caso, con el propósito de identificar a los beneficiarios finales del fraude.
“Fueron tan insaciables los amigos de lo ajeno, que querían la corrupción libre de impuestos”. Bernardo Arévalo Jefe de Estado
Foto: Danilo Ramírez
Moody’s destaca impacto del reajuste presupuestario
La calificadora Moody´s Ratings valoró, en un comunicado de prensa, que el Congreso haya ampliado la inversión en el presupuesto de 2024 y resaltó su importancia en el fortalecimiento económico de Guatemala.
Señaló que desde que el gobierno de Bernardo Arévalo asumió el poder se ha notado una resistencia política que ha estancado la agenda legislativa.
Confió que con el reajuste, el Legislativo podría potenciar el camino y avanzar en las prioridades de nación, así como en los ámbitos de su competencia como alianzas público privadas, gasto público y leyes anticorrupción, mientras el Ejecutivo prepara el proyecto de Ingresos y Gastos 2025. •Wendi Villagrán
Ley de beneficiarios finales
Como parte de los esfuerzos para transparentar las adquisiciones públicas, se hacen esfuerzos en distintos niveles. Uno es el reglamentario, para establecer las condiciones que transparenten las compras públicas, y el otro es una ley ordinaria que va al Congreso de la República para conocer beneficiarios finales, informó el secretario de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores.
“Lo que propone esta iniciativa, que aún se encuentra en la fase final administrativa, es que los proveedores del Estado deben informar quiénes son sus beneficiarios finales”, señala el comisionado.
