Cuatro denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP), luego de auditorías realizadas en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), las que reflejaron contrataciones con anomalías, aprobadas por la administración anterior.
El monto de los contratos asciende a 406.7 millones de quetzales, informó el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y presidente del Consejo Directivo del INDE, Víctor Ventura.
Según el análisis de adjudicaciones cedidas entre 2022 y 2023, en algunos casos hubo contrataciones que no tuvieron avance físico, pero recibieron anticipos.
Por ejemplo, Ventura mencionó un proyecto fotovoltaico otorgado por 117 millones de quetzales, del cual se pagaron 9.4 millones; sin embargo, no hay ningún resultado del trabajo.
Asimismo, se identificaron contrataciones sin resultados del trabajo ni financiero en la repotenciación de la planta Santa María, por 196.1 millones de quetzales, e iniciativas energéticas para comunidades aisladas, del Sistema Nacional Interconectado, principalmente en Alta Verapaz, por 67 millones de quetzales.
Adicionalmente, se identificó una malversación de fondos por 3.6 millones de quetzales durante la sede de Guatemala del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC).
Según el ministro, una cuenta en dólares en el Banco Industrial fue blanqueada en el período de la pandemia por Covid-19.
Ventura, quien fue acompañado por Julio Flores, titular de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), afirmó que entre los problemas detectados en estas contrataciones está falsedad en la documentación de experiencia, entrega e instalaciones de equipos distintos a los contratados, así como proyectos con anticipos sin ningún avance en su ejecución.
Contra quiénes se acciona
El funcionario explicó que las acciones penales presentadas en el MP son contra las empresas involucradas. En una segunda fase se dará seguimiento a funcionarios o exfuncionarios que podrían tener vínculos con las irregularidades.
“No es posible que esos recursos destinados para el cumplimiento de servicios públicos hayan sido desviados para satisfacer intereses personales”, dijo Flores.
Como parte de las acciones, se documentaron los incumplimientos, se finalizaron los contratos administrativos, se realizaron las gestiones para la ejecución de fianzas y la inhabilitación de los proveedores, señaló el MEM.
Las autoridades indicaron que otros casos en proceso de auditorías totalizan 565.6 millones de quetzales, como la construcción de la subestación eléctrica Melchor de Mencos, en Petén; instalación de redes y líneas para electrificación rural, y modernización de la planta Los Esclavos.
