Como una medida de “intimidación” calificó ayer el presidente Bernardo Arévalo las diligencias realizadas por el Ministerio Público (MP) en las oficinas centrales de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el pasado viernes.
El jefe de Estado indicó que el MP ha solicitado información de manera hostil en la EPQ, supuestamente ante la posibilidad de que se decrete una intervención en la entidad. Ante esta situación, el mandatario aclaró que no hay ninguna intención y que la Junta Directiva trabaja normalmente.
El pasado viernes, la Fiscalía contra la Corrupción anunció en horas de la mañana que dichas diligencias eran con el “objetivo de recabar información relevante sobre la posible intervención”.
Otra explicación que existe en referencia a la actuación del ente investigador es que intenta responder a intereses espurios. “Lo que trata es de lograr que no salgan las negociaciones para, de esa manera, hacer que algunos de sus asociados se lleven contratos jugosos. Es como han venido trabajando históricamente, pero con este gobierno no va a funcionar”, puntualizó Arévalo.
Por otro lado, el Presidente aseguró que ningún puerto del país está cerrado como se ha mencionado. Refirió que se hacen todos los esfuerzos para que sigan en funcionamiento.
El gobernante aclaró que algunos problemas, por ejemplo, que no funcionan algunas grúas, se dieron en la administración anterior, por lo cual se está trabajando para garantizar su rendimiento óptimo.
El dignatario realizó estas declaraciones en el marco del anuncio del nombramiento de Joaquín Barnoya como ministro de Salud; Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, y Julio Flores, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).
Revisa seguridad
Durante la conferencia de prensa, se consultó al gobernante qué hará en el caso de los diputados y exfuncionarios (en particular vinculados con el exmandatario Alejandro Giammattei) que cuentan con seguridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).
El dignatario indicó que ordenó una revisión de los protocolos de quienes reciben protección de la PNC. “Son decisiones que se toman en determinado momento a partir de informes de nivel de riesgo. Estamos en el proceso de hacer una revisión de todas ellas para actualizarlas”, explicó.
