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En la búsqueda de una industria petrolera y de hidrocarburos sostenible, la propuesta del país es discutir el marco legal minero, bajo parámetros que incluyan los impactos ambientales, sociales y
económicos.
“Nuestro gran desafío es dictaminar hacia un nuevo escenario de minería sostenible, lo cual no será posible con la ley que se encuentra vigente actualmente”, subrayó el ministro de Energía y
Minas, Víctor Hugo Ventura.
Añadió que una extracción sustentable parte de evaluaciones bien planteadas en los principales aspectos, entre ellos técnico, económico, ambiental y social; además de estar sujeta a un escrutinio continuo para asegurar que se cumplan las medidas que se propusieron.
“Se necesita una revisión o incluso, en el caso de minería, dos nuevas leyes; una para metálica y una para no metálica, tomando en cuenta todos los aspectos de la minería social y ambientalmente responsable”, enfatizó durante una reunión con la comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.
Señaló que el Gobierno apoya una moratoria minera, lo que significa no otorgar licencias en dicho período de moratoria, y discutir de lleno las condiciones para que sea sustentable.
Ventura detalló que, en el caso del tema petrolero, la ley debe modernizarse; además, resaltó que la postura del Gobierno no es en contra del petróleo o de los hidrocarburos “sino una industria sostenible”.
Por su parte, Fernando Spross, investigador asociado del área económica de Fundesa, considera
factible y necesaria la modernización del marco legal que regula la minería y su explotación.
“Realmente, es prudente evaluar si procede una reforma a la ley o una nueva normativa. En cualquier caso, conviene llegar a un consenso entre los diferentes actores y la comisión respectiva en el Congreso de la República, ya que es allí donde se hacen los cambios”, puntualizó.
Cabe destacar que es importante que cualquier regulación al respecto tenga como principios los siguientes, para que sea en beneficio del país: modernizar el marco jurídico aplicable, favorecer desarrollo social y económico de comunidades con riqueza de recursos mineros, fortalecer la protección ambiental, y definir la implementación de la reglamentación del Convenio 169 de la OIT.
