Con el inicio del ciclo escolar 2023 en establecimientos privados del país, autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) redoblaron las supervisiones para prevenir acciones que afecten el bolsillo de los padres de familia.
“Como parte del trabajo, se requiere a los planteles los documentos donde conste que están autorizados para funcionar y hacer determinados cobros”, indicó Herbert Ordóñez, jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Diaco.
Entre la papelería que se solicita también está el libro de quejas, donde los padres de familia puedan denunciar algún pago exigido y que no cuente con el aval respectivo.
Otra de las acciones que realiza el personal de la entidad, dependencia del Ministerio de Economía (Mineco), es verificar el monto de la colegiatura y las cuotas de los establecimientos educativos.
Los planteles deben contar con un mural para que los papás tengan conocimiento de lo que deben pagar y los techos de cobros a los que el centro de enseñanza puede llegar.
220 mil quetzales, máximo, podría ser la multa impuesta por irregularidades.
Otros documentos en los que se enfoca la supervisión es el contrato de adhesión, resolución del Ministerio de Educación, patente de comercio, nombramiento del representante legal, cuotas autorizadas, recibos de inscripción y facturas por cobros adicionales.
Además, se coordina la protección a estudiantes y padres de familia en materia de matrícula estudiantil, venta de artículos escolares en establecimientos educativos y el cumplimiento de la normativa de Educación y de Protección al Consumidor y Usuario. También se mantienen monitoreos en relación con útiles escolares, por medio de todas las sedes departamentales de la Diaco, se explicó.
