Marisol Peña Torres
Profesora Investigadora del Centro de Justicia Constitucional, Facultad de Derecho
La propuesta constitucional, recientemente rechazada, constituyó un ejemplo del peligro que puede configurarse cuando no se asegura, constitucionalmente, que el resarcimiento al afectado, por la vía de la indemnización, equivaldrá al daño patrimonial efectivamente causado.
Sin embargo, creo que con esta obra no se cerrará la producción académica del profesor Alvear, de modo que la profundización de esta materia queda, tal vez, como una asignatura pendiente, sobre todo cuando la obra ya nos ha ilustrado tan bien, desde el punto de vista histórico, sobre las razones del debilitamiento del derecho de propiedad a partir de fines de la década de los sesenta en nuestro país.
Esta constatación es, desde luego, una referencia imprescindible para comprender los alcances del estatuto de la propiedad en la Carta Fundamental que hasta hoy nos rige. En lo que se refiere, ahora, al segundo derecho abordado en esta obra, la libertad de empresa, cabría destacar, en primer lugar, que él forma parte del corazón o de la esencia de la denominada “Constitución económica”.
Quien instala una empresa genera fuentes de trabajo.
El profesor Alvear destaca el tratamiento de la libertad de empresa en la Constitución vigente, que la consagra explícitamente como un derecho fundamental (p. 274) y que, como él mismo señala, ya había sido abordada en una de sus obras anteriores.
En esta materia, nuevamente acude a ilustrar el tratamiento de la libertad de empresa en el Derecho Constitucional Comparado, pero también realiza un análisis crítico de la regulación contenida en el artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental alertando su contenido más bien personalista y que no precisa adecuadamente los vínculos de esta libertad con los derechos concurrentes de otros agentes del sector productivo, particularmente de los trabajadores y consumidores (p. 279).
En efecto, podemos observar una especie de círculo virtuoso, donde el libre emprendimiento en materia económica se conecta con la generación de recursos que no solo beneficiarán al emprendedor, sino que al sistema productivo en su conjunto. Quien instala una empresa genera fuentes de trabajo, contribuye al desarrollo tecnológico, incorpora nuevos procesos de fabricación y, en suma, aporta riqueza y desarrollo al país en su conjunto.
La experiencia vivida por nuestro país, especialmente desde la creación de la Corporación de Fomento de la Producción, a fines de los años 30, en orden a hacer del Estado “el empresario” del país, no solo asfixió la libre iniciativa individual, sino que frenó el desarrollo nacional.
De allí que una concepción de la economía donde el Estado pueda abordar la actividad empresarial dejando espacio al despliegue de los particulares es sana y deseable desde el punto de vista de la libertad personal, pero también del crecimiento del país.
Como bien lo reseña el profesor Alvear, esta nueva mirada, instalada por la Constitución vigente, que injustamente ha sido calificada como una Carta liberal (o neoliberal) se asienta sobre el principio de subsidiariedad que no puede ser entendido en forma incompatible con el valor de la solidaridad, pues la ley fundamental debe ser el marco adecuado para la obtención de ganancias legítimas, pero también para la responsabilidad social y el compliance.
Recomiendo entusiastamente la lectura de los capítulos VIII, IX y X de esta obra para dimensionar la importancia de la empresa como actor relevante en cualquier sociedad.
