Klaus Schmidt-Hebbel
Profesor Investigador, Centro de Investigación Sociedad y Empresa, Facultad de Economía y Negocios
El 6 por ciento que iría al Estado financiaría beneficios previsionales de reparto (muy dominantes entre 2024 y 2055) y de capitalización colectiva (más importantes después de 2055). La agencia APA llevaría “cuentas nocionales” del capital ficticio de cada contribuidor, que se acumularía con un 70 por ciento de la contribución y un 30 por ciento redistribuido desde los contribuidores con ingresos brutos mensuales mayores a $1 130 000 hacia los de ingresos menores. Dicho “capital nocional” (sin propiedad ni control de afiliados) entregaría un retorno promedio de 2 por ciento anual, la mitad del retorno de mercado.
La diferencia iría al Estado, para cofinanciar el reparto y la burocracia estatal. El Banco Central (BC, 2017) proyectó en 2017 los efectos macroeconómicos de muy largo plazo (hacia 2100) de una mayor tasa de cotización. Del estudio se infiere que, si la mayor tasa de 6 por ciento fuera a las AFP con capitalización privada, el PIB de Chile aumentaría en 1.2 por ciento. Pero si fuera a un sistema de reparto estatal, el BC estima que el PIB disminuiría en 3.4 por ciento. Usando un modelo similar, el gobierno de Boric presenta algunos efectos de su propuesta de reforma. Proyecta que el PIB al año 2100 aumentaría en solo 0.8 por ciento si el 6 por ciento adicional fuera a las AFP, mientras que aumentaría en un increíble 1.1 por ciento si se aprobare su propuesta.
¿Por qué no es creíble esta estimación del Gobierno chileno? Porque: (i) no incluye los efectos negativos del gran programa de reparto; (ii) supone erróneamente que los cotizantes al sistema estatal atribuirán el mismo valor a los saldos en sus cuentas nocionales del APA que el que hoy atribuyen a los saldos en sus cuentas individuales en las AFP; (iii) supone erróneamente que los trabajadores informales de bajos ingresos valorarían hoy su pensión futura en mucho, llevándolos a cambiarse al sector formal; y (iv) excluye todos los efectos que se producirían antes del año 2100. Sería mucho mejor un paquete de reformas propuestas desde la Comisión Marcel (2006) en adelante: un aumento gradual de las edades de jubilación (ya lo han hecho 27 países de la OCDE); un incremento gradual de la tasa de cotización en 6 por ciento destinado a las cuentas individuales en las AFP (lo ha hecho México) y la complementación de la actual Pensión Garantizada Universal por un Aporte Previsional Solidario, financiado por impuestos generales.
