Francisca Labbé F.
Profesora investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa,
Facultad de Derecho UDD
Sin embargo, se aleja bastante de modelos con mayor inclinación hacia la libertad de los individuos. Esta libertad no es más ni menos que el derecho de toda persona a desarrollar cualquier actividad económica (respetando los límites que la Constitución y la ley determinen, según corresponda) y se encuentra fuertemente resguardada en la Constitución actualmente vigente (art. 19 N° 21).
En cambio, la propuesta de nueva Constitución no la reconoce con esta misma fuerza, al permitir y mandar al Estado a participar en la economía, desarrollando actividades económicas y otorgándole iniciativa para ello (art. 182).
Por su parte, en materia de propiedad privada, la Constitución actualmente vigente contiene un estatuto que asegura el acceso y el dominio sobre toda clase de bienes, así como también protege la propiedad intelectual e industrial y reconoce propiedad sobre los derechos de agua (art. 19 N° 23, 24 y 25). En estas normas encontramos las garantías para adquirir, gozar, usar y disponer de nuestros bienes, así también los derechos mínimos que el Estado debe respetar en caso de expropiación.
En estas normas encontramos las garantías para adquirir, gozar, usar y disponer de nuestros bienes.
En cambio, la propuesta de nueva Constitución quita la protección a la propiedad industrial (art. 95) y termina con los derechos de agua (art. 142), entre otras cosas.
Además, debilita las garantías generales sobre la propiedad privada; esto es, reemplaza el concepto de indemnización del valor patrimonial efectivamente causado por la noción de precio justo, por una parte, y, por la otra, modifica la garantía de que el pago debe hacerse en dinero efectivo al contado al indicar que el pago se hará en la forma que prescriba la ley (art. 78).
En resumen, sostenemos que las bases económicas que el proyecto de nueva Constitución nos propone le quitan preponderancia a la libertad de las personas y debilitan la propiedad privada, inclinando la balanza hacia un sistema económico cercano al centralmente planificado. Votar informado implica reconocer las bases económicas que contiene esta propuesta, porque solo así seremos capaces de tomar la decisión que consideremos mejor para Chile.
