Francisca Labbé F.
Profesora investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa,
Facultad de Derecho UDD.
En Derecho, se discute si es lícito que las constituciones hagan referencia a algún sistema económico en particular, ya sea estableciendo las bases de uno en específico, adoptando un modelo económico en particular o, derechamente, formulando políticas económicas.
En general, la respuesta es positiva. Es decir, se sostiene que es válido que la Constitución haga referencia a algún sistema económico en particular. Después de todo, es precisamente la norma más importante de un ordenamiento jurídico, y, por lo tanto, establece la organización del Estado y sus poderes, atribuyéndolo a los órganos respectivos; fija lo que el Estado puede hacer respecto de los individuos y establece las garantías individuales y colectivas.
Fija lo que el Estado puede hacer respecto de los individuos, y establece las garantías individuales y colectivas.
Como nada de esto puede hacerse realidad si el Estado no tiene la capacidad de generar recursos para dar cumplimiento a su mandato, entonces se acepta que las constituciones incluyan las bases del sistema económico para orientar la actividad de los agentes económicos, lo cual no es equivalente a establecer un modelo económico exclusivo, y menos, políticas públicas concretas.
En términos simples, dos son las características que permiten identificar la opción económica de una Constitución: libertad económica y derecho de propiedad. En pocas palabras, algunos sistemas entregan mayor poder al Estado y otros, mayor libertad a las personas.
Así, mientras mayor libertad y más protección de la propiedad privada, más cerca de un sistema económico de mercado nos encontramos. Por el contrario, a menos libertad y con propiedad privada debilitada, la opción se ubicará más próxima a un sistema económico centralmente planificado.
Surge así la necesidad de revisar si la propuesta de nueva Constitución se hace cargo de estos temas, los que son muy relevantes para el desarrollo del país, puesto que es iluso pensar que podremos dar cumplimiento a todos los derechos que se establecen en el proyecto, sin crecimiento económico. Hacer este análisis permite a los ciudadanos reconocer si se identifican o no con el proyecto, desde una perspectiva económica.
Al respecto, cabe señalar que el proyecto no dice expresamente que se inclina por un sistema económico u otro.
Continuará…
