Marisol Peña Torres
Profesora Investigadora del Centro de Justicia Constitucional, Facultad de Derecho
La noción de “tercera vía” ha surgido a propósito del informe de la Comisión de Venecia respecto del proceso constituyente chileno, a lo que se une el resultado de tres encuestas recientes que dan mayoría al rechazo en el plebiscito de salida. Sin perjuicio del valor que cada uno atribuya a dichos sondeos de opinión parece necesario hacerse cargo del escenario que abriría dicha opción.
Así, el triunfo del rechazo acarrea que siguen vigentes las disposiciones de la actual Constitución. Así lo dispuso la reforma constitucional de 2019. Pero, ¿significa, necesariamente, esta consecuencia, una petrificación del escenario constitucional de Chile?
De ninguna manera. No podemos desconocer que se llevó a cabo un proceso constituyente, originado en la elección popular de convencionales, cuyo trabajo, sin embargo, no interpretó a la mayoría ciudadana. Ese proceso no puede repetirse sin costos significativos para el país. Así, tal y como se hizo con la reforma constitucional de 2005, lo que cabría es que un grupo de parlamentarios presente una moción de reforma de la Carta vigente tomando los aportes indiscutibles del actual proceso constituyente, como haber confiado la regulación del derecho de reunión a la ley.
Manteniendo, como también lo hace la Convención, aquellas disposiciones de la actual Constitución, que han probado ser un avance para la vida de los chilenos, como la libertad para desarrollar actividades económicas que favorecen el emprendimiento, las fuentes de trabajo y el desarrollo.
Pero, manteniendo, como también lo hace la Convención, aquellas disposiciones de la actual Constitución, que han probado ser un avance para la vida de los chilenos, como la libertad para desarrollar actividades económicas que favorece el emprendimiento, las fuentes de trabajo y el desarrollo. Lo mismo puede decirse de la regulación constitucional de la probidad y la transparencia. Paralelamente, debiera considerarse el proyecto constitucional de la presidenta Bachelet, que fue fruto de un proceso ciudadano de participación
inédito hasta ese momento.
En suma, la opción rechazo en el plebiscito de salida no significa quedar “atados” a una Constitución que no interpreta a muchos chilenos, aunque sí a muchos otros. Supone activar la potestad constituyente que nunca ha perdido el Congreso, no el del estallido social, sino que el de hoy, debidamente legitimado en las urnas, en noviembre del año pasado. Así, la búsqueda del pacto social fundamental no se habrá cerrado el 4 de septiembre en torno a un proyecto que pareciera que no interpreta el Chile que queremos.
