Hernán Cheyre
Director del Centro de Investigación Empresa y Sociedad, CIES
Desde el 11 de marzo, se abre una nueva oportunidad para mejorar la seguridad vial en Chile. Las autoridades que asumen tanto en el Gobierno como en el Congreso tendrán desafíos clave, considerando la alta tasa de siniestralidad vial en nuestro país. En promedio, el número de muertos por esta causa supera los 1500 al año. Si bien la tarea no es fácil, sugerimos lo siguiente:
a) Dar suma urgencia al proyecto CATI (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones), el cual lleva ocho años en el Congreso. Si eso ocurre, invitamos al Senado a aprobarlo para no seguir lamentando más muertes, pues además de generar un mayor control, también posibilitará la prevención de siniestros de tránsito.
b) Aumentar el presupuesto de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. En 2020, los siniestros viales costaron al país el 2.01 por ciento del PIB (más de US$ 5485 millones), cifra absurda que bien podría invertirse en prevención y seguridad vial a través de programas de educación cívico vial, dirigidos a todos los actores de la movilidad. Asimismo, se requiere una pronta institucionalización de Conaset para convertirse en una Agencia de Seguridad Vial y así lograr constituirse como un ente con “músculo” que le permita incidir con más efectividad en las políticas públicas pro movilidad segura.
c) Tangibilizar un trabajo intersectorial e interdisciplinario real entre los distintos ministerios, pues solo así se desarrollará un cambio cultural en materia de prevención de siniestros mediante acciones de impacto en la prevención y la convivencia a través de educación, fiscalización e infraestructura segura, estrategias que deben ser cocreadas entre las distintas carteras de Gobierno. Desde la academia y la sociedad civil reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad vial y llamamos a las nuevas autoridades a no descansar, hasta lograr un cambio significativo que materialice una movilidad sostenible para Chile.
