Por: Sofía Salas, docente investigador Centro de Bioética Facultad de Medicina CAS-UDD
Preocupación ha causado la decisión, afortunadamente ya revertida, de no permitir que accedan a la vacuna contra el Covid-19 los extranjeros que han ingresado a Chile con visa de turista o en situación migratoria irregular.
En este problema, creo necesario distinguir dos situaciones completamente distintas. En la primera, y tal como lo señalan noticias de prensa provenientes de Perú, se estaría organizando un verdadero “turismo médico”, mediante el cual personas, por cierto de las más aventajadas socioeconómicamente, vendrían a Chile con el exclusivo objeto de acceder a las vacunas. Similar situación ocurrió en Miami.
Un caso completamente distinto es el de los migrantes internacionales, refugiados políticos o desplazados. El poder incluirlos en los planes de vacunación no solo corresponde a un cumplimiento de un derecho humano, sino que es clave para poner fin a la pandemia, como lo ha señalado la Agencia de la ONU para los Refugiados. Debemos considerar que la única manera de romper con la transmisión del virus es lograr que un mínimo de un 70 por ciento de la población esté vacunada.
Mientras la primera situación, a mi juicio, no debiera ser permitida, porque claramente corresponde a un aprovechamiento de las oportunidades de vacunas que trabajosamente ha conseguido Chile, se debe favorecer que los migrantes (tengan o no sus “papeles al día”) accedan a estas, como un deber moral y un compromiso humanitario, manteniendo los mismos criterios de priorización que la población local. Chile ha tenido éxito sostenido en sus planes de vacunación, precisamente por la universalidad de estos programas.
