El ordenamiento jurídico chileno participa, desde 2009, del desarrollo hoy en día hegemónico respecto a que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por incumplir sus deberes de prevención de delitos cometidos en su interior. Esta orientación ha sido reforzada por medio de la recientemente promulgada Ley de Delitos Económicos.
De conformidad con el modelo de auto-responsabilización forzada que se difundió en los años 80, el objetivo de este marco regulatorio se encuentra en generar los incentivos necesarios para que las empresas controlen la perpetración de delitos en su interior.
La premisa es sencilla: sin incentivos externos, las empresas tienen pocos incentivos para llevar adelante prácticas visibles de esta clase. El riesgo reputacional siempre haría conveniente evitar que se sepa de la existencia de conductas delictivas.
Como muestra la práctica comparada, no es evidente que este modelo siempre genere más beneficios que costos.
Escarbar mucho podría hacer aparecer problemas que imponen contingencias algo inciertas y cerrar un ojo puede ser la política más eficiente, al menos en el corto plazo. En cualquier caso, de conocerse que se están cometiendo delitos en su interior, la conducta más razonable es tratar el asunto de modo privado.
El modelo hegemónico de responsabilidad penal de personas jurídicas pretende contraponerse a esto. Busca generar incentivos para que las empresas —mejor, los funcionarios con competencia para esto— sean proactivas en la prevención y reacción frente a delitos que se pueden cometer en su interior.
Busca evitar asimismo que la tendencia natural a cerrar un ojo termine haciendo que prácticas delictivas escalen y, una vez que se revientan, se conviertan en un escándalo que afecta severamente la confianza en la empresa en cuestión y en el sistema en general.
Como muestra la práctica comparada, no es evidente que este modelo siempre genere más beneficios que costos y que funcione conforme a sus propias definiciones de objetivos.
Continuará…
