Por: Sergio Hugo González, técnico de la Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación
La constante evolución de la tecnología brinda una serie infinita de posibilidades para usos prácticos en la sociedad. Las innovaciones son adoptadas por las distintas industrias y, finalmente, son aplicadas en el ámbito público. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la industria tecnológica ha diversificado el mercado. Las instituciones públicas han adquirido diversas marcas y tipos de bases de datos, implementado programas y lenguajes para desarrollar aplicaciones informáticas, equipos, protocolos y licencias para la administración de redes y seguridad informática, etcétera. Cada una ha construido su plataforma informática de forma individual, de acuerdo con su capacidad adquisitiva y prioridad sobre el uso, administración y resguardo de ese gran tesoro: los datos.
Los datos son un activo social de gran valor para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas. La interoperabilidad habla de la capacidad de un sistema para intercambiar y utilizar datos e información con otro sistema. La interoperabilidad pública tiene un gran potencial para el beneficio de la sociedad. Un ejemplo es el Registro Único de Usuarios, del que ya más de 15 instituciones reportan los beneficios entregados a los ciudadanos que participan en sus respectivos programas.
El Renap, el Organismo Judicial y el Tribunal Supremo Electoral comparten datos de forma rutinaria para el cumplimiento de sus funciones. La interoperabilidad es indispensable para el seguimiento de acciones de plataformas sociales multisectoriales, como la seguridad alimentaria y nutricional, ya que se requiere de la consolidación, análisis e interpretación de los datos vinculados a la producción de bienes y servicios de 11 instituciones del Ejecutivo y 5 descentralizadas. A este listado se deben agregar los gobiernos municipales y las acciones del Grupo de Instituciones de Apoyo, en el que participa la cooperación internacional. El Gobierno Electrónico implica interoperabilidad de servicios electrónicos públicos. Se requiere de normativas claras y nueva legislación, pero especialmente desarrollar el arte de diseñar y compartir los datos en función del ciudadano y su desarrollo.
