Se encuentra también en similar espacio el partido político Quinac, partido que, hace algunos años, postulara a Rigoberta Menchú Tum, premio nobel de la paz, como candidata presidencial y, otro tanto, el conocido como Convergencia.
Cuando aún era fiscal general de la República me permití prevenir a Thelma Aldana, desde esta misma columna, de los peligros que podían acecharla, arrastrada a la política con la posible politización de la acusación penal y que podría convertirla en el instrumento de algunos que –después– al dejar el cargo, entibiarían su furor.
Thelma Aldana podría ser candidata y, si lo fuera por Encuentro por Guatemala o por Semilla, podría acercarse más al centro político y, en todo caso, su caballito de batalla sería al parecer, seguramente, su lucha contra la corrupción, algo que, sin embargo, no le será exclusivo ya que esta oferta será común a todos los candidatos, empezando desde el binomio ya proclamado de Alejandro Giammatei y Guillermo Castillo, cuyas credenciales se lo permiten como también de Zury Ríos con su visturí y de Sandra Torres, capaz como fue de impulsar el programa social más importante de todos los tiempos –las transferencias condicionadas– programa que criticado y vilipendiado, incluso, pero que cuál, al final de cuentas, se evidenció absoluta probidad.
La lucha contra la corrupción, pues, tendrá muchos exponentes en la campaña, lo que no quita, si se concreta la candidatura de Thelma Aldana, que ella pueda ser protagonista en este tema.
La formación jurídica de Thelma Aldana es sólida y sólida su experiencia en la administración pública por lo que debo de insistir, una vez más, en que el próximo proceso electoral debe quitarnos la chillona e irresponsable cantaleta de que nos vemos obligados a votar por el menos malo o la menos mala cuando podremos hacerlo por el mejor o la mejor entre nosotros y –quién gane– así debemos verlo o verla, habrá de ser nuestra mejor expresión política, representante de la unidad nacional.
En el caso de Thelma Aldana como ocurre con todos los demás candidatos, los ya proclamados y los o las que lleguen a proclamarse, nos encontramos con el mismo problema de que, “gracias a nuestros legisladores y burócratas”, sus propuestas nos serán desconocidas ya que corren el riesgo de que, de hacerlas y difundirlas, puedan poner en peligro su inscripción, víctimas del estúpido concepto –mal formulado y mal digerido– de “campaña” anticipada. De algunos no solamente desconoceremos sus propuestas sino incluso que existen y sus aspiraciones, por idéntica razón.
De igual forma que las transferencias condicionadas no son solución (no pretenden serlo) tampoco lo es la lucha contra la corrupción, tal y como no lo son el incremento de penas ni el ejemplar castigo de los delincuentes, instrumentos todos (importantes instrumentos) pero no fines en sí mismos, coadyuvantes pero no concluyentes de la única solución posible: la generación de empleo suficiente y bien pagado que permita que alcancemos todos una calidad de vida que sea acorde a nuestra dignidad humana, múltiples los instrumentos precisos para conseguirlo, la lucha contra la corrupción y la erradicación de esta, uno de ellos –necesaria, reitero– pero no concluyente.
Una vez más espero que no se tome esta columna como una campaña anticipada en favor de los candidatos que –absurdo– pudiera comprometer su inscripción y –una vez más– me permito instar a la Corte de Constitucionalidad para que dicte sentencia cuanto antes ¡Ya! resolviendo las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra las absurdas e inconstitucionales normas que coartan la libertad de emisión del pensamiento en materia electoral y que comprometen el derecho constitucional, fundamento mismo de la democracia representativa, de elegir y ser electos.
