Narcotráfico que es de dos vías, vías en las que los demandantes de las drogas, mercado del norte, son a la vez para el sur, que produce, los oferentes de las armas que lo hacen posible y sostienen y de los precursores que se utilizan para producirlas, perversión que es alimentada por la tolerancia y el manejo financiero internacional –silencioso crimen– que trasciende de nosotros.
(2) Surge de esta realidad descrita la razón de ser del acuerdo que a iniciativa nuestra celebramos con la Organización de las Naciones Unidas y que dio origen a la CICIG, creación que es nuestra y suya y que fue entre ambos afanosamente consensuada, remontándose el proceso generador de ese consenso al año dos mil, cuando, en Guatemala, empieza a perfilarse, objeto y sujeto este largo proceso de múltiples vicisitudes, las más jurídicas, habida la voluntad política, imposible si contradijera o tergiversara de alguna forma la Constitución Política de la República, pacto que es de paz social entre los guatemaltecos, sin que puedan oponerse en contra suya ley alguna o tratado ni, consecuentemente, ejecución alguna de los mismos.
La Constitución Política de la República de Guatemala, texto constitucional de 1985, fue reconocida como legítima por la insurgencia armada, habiendo sido el punto de referencia y convergencia que hizo posible la paz que después de treinta y seis años de tragedia se firmara (1960-1996).
Buscó y obtuvo la República de Guatemala el apoyo multilateral, propio de la Organización de las Naciones Unidas, celosos como somos los guatemaltecos de nuestra vida soberana, y lo hicimos, así, para que no pudiera dar lugar a injerencia extranjera alguna en asuntos internos que solo a nosotros corresponden, no considerando de nuestra parte extranjero, ni ajeno, sino parte de nosotros mismos –miembros que somos de la Organización– el apoyo multilateral que surge de su seno y dentro de los precisos límites que –de común acuerdo– el acuerdo celebrado establecimos.
Al pensar en la Comisión lo hicimos –es importante señalarlo– pensando no solo en nosotros mismos, tal y como también, de igual manera, lo pensó la Organización de las Naciones Unidas, sino también en otros miembros de la Organización, puesto que, si exitoso el esfuerzo realizado, bien podría reproducirse en otros de sus miembros, necesitados posiblemente, muchos de ellos, de creaciones similares.
La decisión Guatemalteca fue una decisión valiente, sin precedente alguno y, así, también, la de la Organización de las Naciones Unidas y, precisamente por ello, muy celosos debemos ambos de ser del éxito de lo convenido y de esta creación que realizamos.
No es fácil que un Estado –no tiene precedente, consciente de sus debilidades– acuda en la búsqueda de un apoyo multilateral de este género y pocos serían los Estados, quizá ninguno, que se atreverían a aventura semejante.
(3) Desde que la Comisión fue creada, han sido 3 los comisionados que la han dirigido, habiendo tenido cada uno de ellos –humano es– sus luces y sus sombras.
Al primer comisionado, el jurista español Carlos Castresana, le tocó en suerte su organización primera y la conducción de los primeros de sus pasos, habiendo sufrido las vicisitudes propias de un esfuerzo que no tenía precedentes, profesional que desempeñó su cargo desde sus inicios hasta junio de 2010, momento en el que renunció, siendo su renuncia, precisamente, una de sus sombras, puesto que declaró –al hacerlo– que no se daban las condiciones para que la Comisión fuera exitosa y pudiera alcanzar sus objetivos.
Este primer comisionado fue reemplazado por Francisco Dall´Anese, jurista costarricense que vino a dar un renovado impulso, sobre todo institucional, a la Comisión que establecimos, profesional que sirvió en el cargo desde septiembre de 2010 hasta mayo de 2013, momento en el cual se convino y fue decidido su retiro.
Entre sus sombras, así se ve ahora, la tacha infundada que vertiera para impedir que la actual fiscal general de la República llegara a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, tacha que, unida al furor mediático provocado –de no haber sido desestimada por nosotros– nos habría privado de tener la fiscal general que tenemos y si bien es cierto que nadie es insustituible, y que la alternancia en el ejercicio de los cargos es importante, tal y como se demostró cuando fuertes corrientes de opinión afirmaban que la salida de la anterior fiscal general iba a significar el final de la institución, opinión que fue desmentida por los hechos, el desenvolvimiento de la administración actual, malo hubiera sido que nos hubiera privado, desde entonces, de la vida pública de quien, pese al error del comisionado y, en consecuencia, de la propia Comisión, llegó a ser magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, actual fiscal general de la República.
Continuará…
