Por qué esa maña de “interpretar” lo que no tiene que ser interpretado?
¿Si la Constitución no establece la prohibición de investigarlos ¿A cuenta de qué la “interpretación” de que lo hace?
Si no dice la Constitución que sea prohibido INVESTIGAR a los funcionarios que gozan de inmunidad, ¿por qué interpretar que lo dice?
Si no dice INVESTIGAR, por qué interpretar que lo dice.
Si el legislador constitucional –Asamblea Nacional Constituyente– hubiera querido establecer la prohibición de investigarles, la hubiera establecido, tal y como estableció la prohibición de detenerles y enjuiciarles.
Para que tengamos absolutamente claro este tema, baste con pensar que, antes de interponer una denuncia o una querella contra cualquier persona, la acusación penal hace las investigaciones del caso, lo cual incluye investigarla (absurdo sería pensar que lo hiciera antes de realizar investigación alguna), y si puede investigar a cualquier persona, puede investigar a funcionarios que gozan de inmunidad puesto que esta –la inmunidad– se refiere –única y exclusivamente– a que no se les puede detener, ni enjuiciar.
De igual forma que no puede extenderse la inmunidad a aspectos que la propia Constitución no contempla (que no puedan ser investigados), tampoco puede extenderse la inmunidad a persona alguna que la Constitución no establezca, siendo estas las únicas personas en cuyo favor establece inmunidad la Constitución Política de la República.
A todos, si hay razones para hacerlo, se nos puede detener y enjuiciar, sin más, pero no a los funcionarios que gozan de inmunidad, puesto que la Constitución –como excepción al principio de igualdad– lo prohíbe, pero no establece esta excepción alguna en cuanto a que puedan ser investigados.
De igual forma que la inmunidad no puede tener mayor extensión que la constitucionalmente establecida, tampoco puede extenderse a persona alguna a quien la Constitución no se la otorga, siendo únicamente las personas que ocupan los cargos que a continuación se detallan quienes, de conformidad con la Constitución Política de la República, gozan de inmunidad.
Del Organismo Legislativo, los diputados que integran el Congreso de la República. Del Organismo Ejecutivo, el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los ministros de Estado (los viceministros, si a cargo del despacho), el secretario general de la Presidencia, el secretario privado de la Presidencia, los gobernadores departamentales. Autónomos, los alcaldes. Del Organismo Judicial, el presidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de sala y los jueces.
De otros órganos creados por la Constitución, el presidente y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral; el presidente y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el procurador de los derechos humanos, el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público; el procurador general de la nación y el contralor general de cuentas.
Nadie más goza de inmunidad en Guatemala (salvo convenciones y usos diplomáticos, sujeta su inmunidad a régimen distinto) que las personas que ocupen los cargos citados y, única y exclusivamente, desde el momento en que toman posesión del cargo y durante el tiempo que lo ocupan.
Cualquier disposición contenida en ley o tratado, sean las leyes de la jerarquía que sean, incluso de carácter constitucional, y sea cual sea la naturaleza del tratado, es nula por cuanto que no puede haber más excepciones al principio de igualdad ante la Ley que las excepciones que la propia Constitución establece.
Las únicas personas que gozan de antejuicio, pues, las que ocupan los cargos citados; inconstitucional, lo establecido a favor de cualquier otra.
