El propio Presidente, tema este ya de Estado (que conste que el caso familiar también se hizo de Estado por la indebida forma en que fue llevado por la acusación) hubo de sufrir el show mediático que se montara en contra suya a su regreso de la República francesa, inmediatamente después de su entrevista con el presidente Macron, e inmediatamente antes de su viaje a los Estados Unidos de América para reunirse con el vicepresidente Pence, show mediático logrado a base de retener por tres meses –delito– la presentación de un antejuicio en contra suya, antejuicio que, de inmediato –y no después de tres meses– debió de remitir la acusación penal (MP-CICIG) a la Corte Suprema de Justicia.
Retención para presentarlo en el momento justo pero –esto es lo censurable y que constituye delito– no en el momento justo, de conformidad con la Ley, sino para fines mediáticos. Tan inconsistente aquel antejuicio que fue rechazado in limine por la Corte Suprema de Justicia, tribunal que, fundamentado, ha debido reiterar su decisión, tal y como ha debido rechazar otros varios, ilegítimos, espurios o políticos, que, lejos de buscar justicia, lo que buscaban no era sino publicidad y una espectacular “arena pugilística”, (No está de más señalar que la competencia para conocer de antejuicios contra el Presidente corresponde al Congreso, y que su paso previo por la Corte Suprema de Justicia es inconstitucional, pero que debe respetarse en tanto no se declare así por la Corte de Constitucionalidad o se reforme la ley ordinaria que lo ordena). También hubo de ver el Presidente, ¡vaya paciencia franciscana!, el atropello de las instalaciones presidenciales, atropello que –por obvia torpeza– o por malicia –realizaron los acusadores– CICIG al frente, sin respetar los protocolos respectivos, protocolos que rigen para el ingreso a todo tipo de edificios públicos, entre estos, los de carácter militar o religioso, los cuarteles y los templos. ¿Puede usted imaginarse un acto semejante en la Casa Blanca de los Estados Unidos de América? ¿En el Palacio del Eliseo, en Francia? ¿Un allanamiento, así, a lo Rambo, vehículos de la Misión Internacional y de la misma ONU, también incluidos? ¿Sin respetar protocolo alguno, fiscales en el Pentágono? ¿En el 10 de Downing Street? ¿Allanadas, sin seguir los protocolos que están establecidos en nuestra Catedral, las iglesias de San José o Candelaria, la Basílica del Rosario, la Frater (Fraternidad Cristiana), una sinagoga o mezquita, o la Catedral de Notre Dame? ¿La Abadía o la Catedral de Westminster?
Independiente de estos hechos, maliciosos o torpes, y que necesariamente tienen que haber influido en lo que se refiere a la relación entre el Presidente y la entidad internacional acusadora, es importante recordar que el Presidente de la República es el jefe del Estado, y a extremo tal que el informe que anualmente debe presentar al Congreso de la República no es un informe sobre la situación del Organismo Ejecutivo, Organismo que preside, sino sobre la situación de la República, lo que incluye todo.
Imposible, pues, que pueda pasar inadvertido al Presidente que en los tribunales de justicia se invoque como superior (casi superior), por encima de la Constitución de la República, a la Comisión surgida del acuerdo por el cual el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas la establecieron, un tratado en materia de derechos humanos –tal y como puede serlo cualquier otro en esta materia– cuyos ejecutores –la Comisión es un ejecutor– lo sugieren superior a la Constitución, siendo como es esta, entre nosotros, el origen jurídico de todo lo jurídico, superior a cualquier ley o tratado.
¿Torpeza o malicia? ¿La malicia, acaso, de minar la autoridad de las normas constitucionales? ¿La malicia de destruir el Estado?
Esta afirmación, la de la superioridad (casi) de lo que es la Comisión misma sobre la Constitución Política de la República, no es una afirmación que haya hecho el comisionado, pero que, tolerada por este, tuvo el necesario efecto de hacerla propia y consentirla.
Continuará…
