Carentes de argumentos que contradigan los suyos, se acude constantemente a la falacia de descalificar lo decidido por el Presidente de la República en relación a la CICIG, con la cantaleta de que lo que motivaría al Presidente es que se le persigue por “financiamiento electoral ilícito”, y que esta sería la razón de sus decisiones, afirmación que constituye una auténtica farsa y que vale la pena desbaratar, y de tajo. El primer punto a tener claro es que la imputación de “financiamiento electoral ilícito” no se refiere al Presidente como tal, es decir, a ningún acto suyo, como Presidente, o a acto alguno de gobierno, sino a hechos ocurridos cuando era tan solo candidato. Descártese, pues, cualquier corrupción en el actual gobierno, ya que los hechos, si fuesen incorrectos (no lo son), nada tendrían que ver con el actual gobierno ni con su ejercicio presidencial. El segundo punto a tener claro es que los hechos imputados al actual Presidente, reitero, no en su calidad de Presidente, sino antes de ascender al cargo, cuando era tan solo candidato, no se refieren a dinero sucio de ninguna naturaleza, sea proveniente del narcotráfico, de lavado de dinero, del crimen organizado, de defraudación del patrimonio del Estado o de delito alguno, siendo el dinero de que se trata el supuesto “financiamiento electoral ilícito” de dinero absolutamente limpio, de dinero de lícita procedencia.
El tercer punto a tener claro es que la única imputación que se le hace es la de no haber registrado ese dinero (dinero limpio) como ingresado a la organización política del partido que postulaba su candidatura, partido de que era el secretario general, lo que –de ser cierto– aunque se tratara de dinero limpio, de lícita procedencia (aspecto que no se discute) tipificaría el delito de “financiamiento electoral ilícito”, ya que habría tenido la obligación de registrarlo, delito que, con tal desafortunado nombre, sin embargo, da a entender algo muy distinto. Pero el hecho es que, además, nunca recibió ese dinero, de lícita procedencia y que, en consecuencia, si no lo recibió, no existía ninguna obligación de registrarlo. El cuarto punto a tener claro es que ese dinero, dinero limpio –al que se referiría la imputación– fue utilizado por sus legítimos propietarios, empresarios guatemaltecos que, por sí mismos, sin entregar un solo centavo al entonces candidato y actual Presidente, ni a su organización política, apoyaron en forma directa, a través de la empresa mercantil escogida por ellos para hacerlo, a los fiscales de mesas electorales (viático de transporte y comidas) para que estos cuidasen la corrección de las votaciones y el correcto conteo de los votos, no constituyendo, además, delito alguno, la aportación de dinero limpio, de lícita procedencia, a una campaña electoral. (La palabra aportación no aparece en la tipificación del delito, si se trata de dinero limpio, lo que excluye a quienes aportan su propio dinero, dinero limpio, de cualquier consideración delictiva. El quinto punto a tener claro y que es consecuencia de los anteriores, es que la acusación penal CICIG-MP se encuentra persiguiendo, en este caso, el del supuesto “financiamiento electoral ilícito” imputado a empresarios y Presidente, hechos que no son constitutivos de delito, puesto que: (1) No constituye delito alguno la aportación de dinero limpio a una campaña electoral, pudiendo haber delito –si se trata de dinero limpio– solamente en quien lo recibe, si quien lo recibe no registra que lo haya recibido. (2) No constituye delito alguno la omisión de registrar lo que no se haya recibido. Como sexto punto, es bueno saber que la Corte de Constitucionalidad consideró sumamente desafortunado que se confundan, por tener el mismo nombre y las mismas penas, el financiamiento electoral proveniente del narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, defraudación del patrimonio del Estado o cualquier otro delito –dinero sucio– con el que proviene de fuentes legítimas, dinero limpio, de lícita procedencia, si este no se registra, habiendo instado la Corte de Constitucionalidad al Congreso de la República para que haga la diferencia y penalice de forma distinta a estos supuestos que no tienen absolutamente nada que ver entre sí: dinero limpio y dinero sucio, tan distintos como pueden ser el día y la noche, la oscuridad y las tinieblas. El séptimo punto a tener en cuenta es que la acusación penal CICIG-MP –en su furor mediático– habla de “financiamiento electoral ilícito”, y así lo hacen quienes repiten “como argumento” el estribillo, dando a entender con ese nombre tan rimbombante que se trataría de algo gravísimo, alimentando, así, la farsa. (1) Que se tratase de algo que se referiría al Presidente como tal y al Gobierno que preside, lo cual es falso. (2) Que se referiría tal financiamiento a dinero sucio, dinero de ilícita procedencia, lo que también es falso. Se da a entender –mediáticamente además– que se tratase de un grave crimen, de una execrable felonía, y es bueno saber que –si algo de ilegal hubiera en lo actuado por los empresarios y el entonces candidato, que no lo hay– el “crimen”, la “felonía” consistiría en no haber registrado dinero limpio, dinero de lícita procedencia, que habría asegurado la corrección de las votaciones y el correcto conteo de los votos.
Tan mediática esta absurda acusación penal, que lleva a risa por su inconsistencia, que en la despedida de la anterior fiscal general, en presentación hecha “al alimón” con el comisionado de la CICIG, conferencia de prensa, hizo del antejuicio que debería promoverse contra el Presidente por este gravísimo No delito de “financiamiento electoral ilícito” lo más importante de esa despedida, haciendo caso omiso de los asesinatos de dirigentes campesinos perpetrados, quizá, por grupos o aparatos clandestinos de seguridad: la razón de ser de la CICIG, crímenes como estos, si por estos perpetrados, su persecución, desarticulación y castigo. No puedo sentir sino vergüenza ajena por los congresistas de los Estados Unidos de América, arrastrados a la farsa; congresistas que en carta dirigida al secretario general de la ONU hacen referencia al “financiamiento electoral ilícito”, sin ni siquiera saber de qué se trata y, además, ignorando sus cauces institucionales para dirigirse a la Organización, el Departamento de Estado, la representante permanente de los Estados Unidos de América ante la organización citada. Cuatro congresistas del partido opositor al que hace gobierno se dirigen al secretario general: acción que carece de importancia alguna y que no tiene otra repercusión que la mediática –en Guatemala–, ignorada por la prensa de su propio país. La otra farsa la abordaremos en artículo sucesivo; la de que motivarían las decisiones del Presidente la persecución de su hijo y de su hermano por una infracción administrativa –no delito– en que se habían visto involucrados dos años antes de que el Presidente fuera Presidente y que, en consecuencia, tampoco tiene nada que ver con el actual gobierno.
