La decisión tomada por el Presidente de la República de NO renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se trata de una importante decisión que deja la mesa absolutamente limpia para que el próximo gobierno pueda tomar la decisión que, a su juicio, y de conformidad con el mandato que reciba en las urnas electorales, sea el que más convenga a los intereses nacionales. De conformidad con la decisión tomada por el Presidente de la República, representante que es de la unidad nacional, la CICIG finalizará sus labores el tres de septiembre del año entrante, es decir, el tres de septiembre de 2019, fecha en la que se cumplirán doce años –exactamente– desde que comenzó a realizarlas. La legitimidad de la decisión tomada es incuestionable, puesto que fue tomada por el Presidente de la República, quien ejerce la Jefatura del Estado y del Gobierno, por mandato del pueblo (para que el pueblo escoja a quién quiere conferir este mandato es que se celebran elecciones), encontrándose la decisión tomada dentro del ámbito de las atribuciones que le corresponden, decisión que fue tomada y notificada, incluso, con el refrendo de la ministra de Relaciones Exteriores.
La Constitución establece que el presidente debe de actuar siempre con el refrendo de los ministros –si en consejo de ministros– o, al menos, de uno de ellos en sus otros actos, mandato constitucional que la Corte de Constitucionalidad recordará en el fallo que emitiera el año pasado.
Ha habido alguien que ha sugerido que la decisión del presidente de NO renovar el mandato crea incertidumbre pero, por el contrario, lo que establece es plena certeza jurídica: el mandato NO será renovado y el 3 de septiembre de 2019 la Comisión que establecimos dejará de existir.
Mayor certeza no podría darse sobre el tema y máxime cuando la Corte de Constitucionalidad no ha considerado suspensión alguna de la decisión tomada. El año entrante se celebrarán elecciones y es posible que el próximo presidente y los diputados que resulten electos tuvieren una idea distinta, por lo que queda para estos abierto el camino para que, una vez hayan tomado posesión de sus cargos, el 14 de enero de 2020 –ni un día antes, ni uno después– puedan establecerla nuevamente, en los mismos o en distintos términos, pactada con la misma Organización o con otra distinta y contando o no con sus mismos protagonistas, como también podría ser que no tengan interés en convenio alguno y se atengan a las instituciones nacionales, siendo posible –de igual forma– que optasen por el establecimiento de una Comisión renovada que fortalezca los aciertos de la anterior pero que elimine sus errores.
La cita que hago del presidente –pero, también, del Congreso– no es casual ya que, para el caso de un nuevo convenio, tendría que contarse con la aprobación de ambos (negociación, aprobación, sanción), cada cual en el ámbito de su respectiva competencia. La decisión tomada es correcta en términos de tiempo puesto que, sin improvisaciones de ningún tipo, permitirá que la Comisión se esfuerce por alcanzar los fines que, hasta ahora, no haya podido alcanzar, transmita sus capacidades a las instituciones ordinarias incluida su experiencia habida, con el análisis de sus éxitos y de sus fracasos, y cierre sus operaciones y oficinas con el orden que debe realizarse. Además de su acierto para evitar improvisaciones, la decisión ha gozado de absoluta transparencia y ha sido ampliamente divulgada. A estas alturas surgen algunas preguntas que vale la pena responder, así como la repetición de algunos errores conceptuales que es bueno corregir.
La CICIG no es parte de la Organización de las Naciones Unidas y es incorrecto referirse a esta como una oficina de la Organización, tratándose de una Comisión Internacional concebida, originalmente, para funcionar por dos años y que, por las prórrogas acordadas, a su finalización, habrá funcionado doce.
Los funcionarios de la CICIG no son funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, no siéndolo quien la preside ni ninguno de ellos.
El Estado de Guatemala no ha comunicado a la Comisión que su mandato no será renovado sino a la ONU, la Organización con la cual la estableció, su única contraparte en el tratado celebrado. Ha funcionado financiada por nosotros (aportes no monetarios) y por países donantes que libremente han querido hacerlo, países que, sin embargo, no son parte del tratado.
El otro tema surgido, ya no en torno a la Comisión y la finalización de su mandato sino del profesional que la dirige, vale la pena señalar que el tratado celebrado da la potestad de designarlo –sin más– al secretario general de las Naciones Unidas, no existiendo en el mismo la figura de un subcomisionado y que, en todo caso, el funcionamiento de la Comisión –de conformidad con el tratado– se encuentra sujeto a nuestras leyes, la Constitución, la primera y a las otras, encabezadas por el tratado (tratado en materia de Derechos Humanos), siendo obvio que sobre este tema, el del Comisionado y su actuación, existe controversia entre las partes, controversia que, de conformidad con el artículo 12 del tratado son las partes, es decir, la ONU y el Gobierno de Guatemala, quienes deben resolverla.
La legalidad de los actos de gobierno –de sus actos reglados– es susceptible de control judicial, pero no así la oportunidad y conveniencia de los mismos, aspecto político, sujetos estos, en lo político, a control político pero no judicial, sabia fórmula que –para bien– aleja a los jueces de la política y de sus inevitables vericuetos y entredichos.
El artículo 12 ha empezado ya a operar y la controversia –señalado así, incluso, no solo por este artículo del tratado, sino por nuestro tribunal constitucional– debe ser resuelta por las partes.
Como electores, estamos a menos de cuatro meses de ser convocados a las urnas electorales, y si temas como estos se hacen temas de campaña nos podremos expresar sobre los mismos y otorgar a las autoridades que lleguemos a elegir el mandato que queramos.
